La República Dominicana ( 35 ) es el único país de la región que ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción desde 2021. En sólo unos años, el país ha logrado fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, permitiendo avanzar en la investigación de casos de gran corrupción, según detalla el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado hoy por Transparencia Internacional (TI).
De manera similar, el país ha profesionalizado el poder judicial en los últimos años fortaleciendo la transparencia y avanzando en su transformación digital.
Además, el trabajo de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las acciones del sistema de justicia ha sido clave para aumentar la conciencia pública sobre los costos de la corrupción.
En los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.
A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).
En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).
Transparencia Internacional subraya que la región de las Américas “necesita con urgencia un poder judicial más sólido e independiente para garantizar la justicia, actuar ante la impunidad y enfrentar el crecimiento de las redes de corrupción”.
Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI destacó también la responsabilidad de los ciudadanos, que deben exigir la rendición de cuentas y subrayó la oportunidad en este “superciclo electoral” entre los comicios que se celebraron en 2023 y los que habrá este año en la región, para ejercer el voto “con conciencia” y no concedérselo más a los corruptos.
