Consultor Jurídico PE y director DNI se reúnen con representantes de medios y sociedad civil sobre Ley 1-24 - N Digital
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Consultor Jurídico PE y director DNI se reúnen con representantes de medios y sociedad civil sobre Ley 1-24

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, se reunieron este martes con representantes de medios de comunicación, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participación Ciudadana (PC), sobre la Ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones.

En el encuentro estuvieron el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado y la directora de N Digital, Nuria Piera, con quienes los funcionarios socializan la cuestionada Ley 1-24 que fue promulgada este mes por el Poder Ejecutivo y contiene varios artículos que han encontrado el rechazo de varios sectores de la sociedad.

Se recuerda que el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó a los titulares de la Consultoría y el DNI a que se reunieran con todos los representantes de la sociedad civil, para que, en dado caso, se modifique la ley y sea consensuada por todos los sectores.

El Ejecutivo asegura que la Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y convierte el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia, es un “paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción”.

Sin embargo, entidades como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD) afirman que la nueva ley vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana, como el que, aseguran, faculta a la DNI a llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en las bases de datos de las entidades públicas y privadas.

Además, acceder de manera automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones.

El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de varios recursos que procuran que declara inconstitucional dicha ley.

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