En medio de una crisis entre la República Dominicana y Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda los 10 años de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013, que resultó, a su entender, en la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran consideradas nacionales de ningún otro Estado.
El organismo llama al Estado a adoptar medidas efectivas para restituirles el derecho a la nacionalidad a las personas que aún persisten en esa condición y a abstenerse de adoptar leyes, políticas públicas y/o medidas legislativas, administrativas o judiciales que generen riesgos de “apatridia” en el país.
“La Comisión ha dado seguimiento a la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana. En 2019, saludó las acciones informadas por el Estado relativas, entre otras, a la adquisición de la nacionalidad y migración en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos. A la vez, observó que el Estado cuenta con tareas pendientes y desafíos que afrontar para alcanzar su total cumplimiento”, dice la CIDH en un comunicado.
Según información enviada por el Estado a la CIDH, en aplicación de la Ley 169-14 se restituyó el estatus jurídico anterior a la sentencia TC/0168/13 y se ordenó expedirles sus documentos como dominicanos a 60.773 personas identificadas por la Junta Central Electoral (JCE).
De ellas, solamente 26.123 personas acudieron a retirar sus documentos, mientras que las restantes 34.610 personas no se habían presentado a retirar dichos documentos. Además, identificó a 7.159 personas aprobadas a registrarse en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular (PNRE) para que, luego de dos años, soliciten la naturalización.
Según lo informado, luego de depurar expedientes, se emitieron decretos presidenciales de naturalización 262-20 y 297-21 que otorgaron la naturalización a 799 personas. En el marco de este procedimiento, el Estado estaría en proceso de reapertura de la oficina que entrega dichos documentos, para garantizar la estancia regular de estas personas en el país.
Se recuerda que actualmente, la República Dominicana y Haití están inmersas en una crisis por la construcción de un canal de riego por parte de los haitianos en un río que comparten los dos países, por lo que la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamó a ambas naciones a sentarse en la mesa del diálogo.
