La mafia que operaba dentro del Ministerio Público llegó a borrar o adulterar más de 8,000 registros de antecedentes penales por sobornos que oscilan entre los RD$8,000 y los RD$15,000, según consta en la solicitud de medida de coerción contra los imputados de la Operación Calamar.
La solicitud también establece que este grupo, conformado por 12 empleados y fiscales del Ministerio Público, se asociaron con exmiembros de la Policía Nacional, a quienes eliminaron antecedentes penales graves y los integraron a formar parte de la red criminal.
También detalla que en la red criminal se integraron parejas, familiares y relacionados para hacer los movimientos financieros del dinero producto del soborno recibido y así evitar la persecución por parte de las autoridades.
El Ministerio Público sostiene que este grupo trabajó de manera organizada y sistemática en el tiempo, con una clara división de roles, teniendo la red todas las características propias de las organizaciones que pertenecen al crimen organizado.
También, que utilizaron un esquema fraudulento por años, pero que perfeccionaron a partir del 2018, donde incrementaron sus actividades de manera significativa a través de lo que denominaban “La vuelta”.
Dice la solicitud de medida de coerción, que estos empleados y fiscales adquirieron bienes y servicios con el dinero producto de la eliminación o adulteración de registros penales en todo el país.
Igualmente, que realizaron transferencias millonarias adulterando los conceptos de las transferencias para disfrazar el objeto ilícito de la misma.
Caso Gavilán
El Ministerio Público puso en marcha, en la madrugada del pasado martes, la Operación Gavilán contra de una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Un equipo de fiscales, en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
En los allanamientos fueron arrestadas 12 personas, incluyendo a un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un expolicía.
El equipo de investigación tiene varios fiscales bajo investigación y en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción.
Para la persecución penal, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la Directora General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y para el aspecto disciplinario al Inspector General de la institución, Viterbo Cabral.
En la Operación Gavilán trabajan fiscales de unidades especiales del Ministerio Público, como Sourrely Jaquez y Andrés Mena, quienes cuentan con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo los lineamientos directores de sus responsables, el mayor general Eduardo Alberto Then y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medida de coerción en contra de los imputados por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violacion a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
