El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida y presentación periódica, como medidas de coerción, a los acusados por el Ministerio Público de cometer desfalco en el Ministerio de Agricultura.
La medida de coerción contra Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo fue impuesta por la jueza Lissa Veras.
Wilson Camacho, representante del Ministerio Público y titular de la de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que los acusados admitieron la comisión de los hechos.
La Pepca desarrolló la investigación por la estafa de casi cuatro millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara la denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura.
El Ministerio Público imputa a Domínguez Solano la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También, lo acusa de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
