El Ministerio Público dijo este martes que el supuesto entramado de corrupción del caso Medusa utilizó el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario para implementar un presunto esquema de desfalco y soborno.
“En el día de hoy avanzamos hasta la página 718, vimos líneas como el Plan de Humanización, en el cual se ejercieron tipos penales como desfalco y soborno”, sostuvo el fiscal litigante Miguel Collado al referirse a la lectura de la acusación en la audiencia preliminar que se conoce en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal agregó, en un comunicado, que “también vimos líneas que van desde el soborno de la empresa de Ricardo Pérez Mella, el cual incrimina directamente al acusado Jean Alain Rodríguez de haber recibido sobornos”, al tiempo de explicar que iniciaron la parte correspondiente al financiamiento ilícito de campaña, con el llamado “búnker”.
Sobre el “búnker criminal”, detalló que “era una especie de zona franca que tenía el acusado Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, para dar una apariencia en redes sociales en los ataques personales que recibía, y así como la institución a raíz del caso de Odebrecht; este tenía una especie de zona franca, el cual respondía mensajes y otras actividades con relación a su figura”.
En el sexto día de la lectura del expediente contra los acusados de la Operación Medusa, el Ministerio Público detalló cómo se llevaron a cabo los presuntos actos delictivos a través del proceso de construcción y remodelación de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) a nivel nacional, durante la gestión del extitular del Ministerio Público Jean Alain Rodriguez Sánchez.
Rodríguez Sánchez dirigió el Ministerio Público en el período 2016-2020.
En la operación Medusa el órgano acusador presentó una acusación de 12,274 páginas, acompañada de más de 3,500 “pruebas”, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
La acusación, que se presenta en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Amauri Martínez, fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reiteraron que los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La jornada de lectura del documento acusatorio fue reiniciado este martes por la fiscal Rosa Alba García, quien fue seguida por el fiscal Miguel Collado.
El magistrado Martínez aplazó la audiencia preliminar para el próximo viernes, a las 9.00 de la mañana.
