Al tiempo que el expresidente estadounidense Donald Trump se prepara para una comparecencia crucial ante el tribunal el martes por cargos relacionados con el acaparamiento de documentos ultrasecretos, sus aliados republicanos intensifican, sin evidencia, las afirmaciones de que es el blanco de una persecución política.
Para defender su caso, los partidarios de Trump citan la decisión del Departamento de Justicia, en 2016, de no presentar cargos contra Hillary Clinton —exsecretaria de Estado y su oponente demócrata en la contienda presidencial de ese año— por su manejo de información clasificada. Sus partidarios también invocan una investigación separada de documentos clasificados que involucra al presidente Joe Biden para afirmar que un sistema de justicia de doble rasero castiga a Trump —el favorito indiscutible para la nominación del Partido Republicano para la Casa Blanca en 2024— por conducta en que los demócratas han estado involucrados.
“¿Existe un estándar diferente para una secretaria de Estado demócrata y un expresidente republicano?”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los principales rivales de Trump. “Creo que debe haber un estándar de justicia en este país”.
Pero esos argumentos pasan por alto muchas diferencias fácticas y legales —principalmente relacionadas con la intención, el estado de ánimo y los actos deliberados de obstrucción— que limitan el valor de tales comparaciones.
Una mirada a las investigaciones de Clinton, Biden y Trump, y lo que las separa:
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¿QUÉ HIZO CLINTON?
Por comodidad, Clinton confió en un sistema de correo electrónico privado durante su tiempo como la principal diplomática del gobierno del presidente Obama. Esa decisión la acosó cuando, en 2015, el organismo de control interno de las agencias de inteligencia alertó al FBI sobre la presencia de potencialmente cientos de emails que contenían información clasificada.
Los investigadores del FBI concluyeron al final que Clinton envió y recibió emails que contenían información secreta en ese sistema no clasificado, incluida información en el nivel de ultrasecreta.
De los aproximadamente 30.000 emails entregados por los representantes de Clinton, dijo el FBI, se descubrió que 110 correos electrónicos en 52 cadenas de emails contenían información clasificada, entre ellos algunos de nivel ultrasecreto.
Después de una pesquisa de aproximadamente un año, el FBI cerró la investigación en julio de 2016 y concluyó que Clinton no tuvo la intención de infringir la ley. El FBI reabrió la investigación meses después, 11 días antes de las elecciones presidenciales, tras descubrir un nuevo lote de emails. Luego de revisar esas comunicaciones, el FBI nuevamente optó por no recomendar cargos.
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¿DE QUÉ SE ACUSA A TRUMP?
La imputación presentada por Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia, alega que cuando Trump dejó la Casa Blanca luego que terminó su mandato, en enero de 2021, se llevó cientos de documentos clasificados a Mar-a-Lago, su mansión en Florida —y luego obstaculizó repetidamente los intentos del gobierno que antes supervisó para recuperar esos registros.
El material que Trump retuvo, dicen los fiscales, estaba relacionado con los programas nucleares estadounidenses, las capacidades de defensa y de armas de Estados Unidos y otros países, y las posibles vulnerabilidades ante un ataque —información que, si se expusiera, podría poner en riesgo la seguridad de las fuentes militares y humanas.
Más allá del simple acaparamiento de documentos —en lugares que incluían un baño, un salón de baile, una ducha y su dormitorio—, el Departamento de Justicia dice que Trump mostró material altamente confidencial a visitantes sin autorización de seguridad, y obstruyó al FBI al, entre otras cosas, ordenar a un asistente personal —quien fue imputado junto con él— mover cajas de un lugar a otro en Mar-a-Lago para ocultarlas de los investigadores.
Aunque Trump y sus aliados han afirmado que podía hacer lo que quisiera con los documentos bajo la Ley de Registros Presidenciales, la imputación ignora ese argumento y no hace referencia a ese estatuto ni una vez.
En total, la imputación contra Trump incluye 37 cargos por delitos graves, la mayoría en virtud de una Ley de Espionaje relacionada con la retención deliberada de información de defensa nacional.
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¿QUÉ SEPARA LOS CASOS DE CLINTON Y DE TRUMP?
Mucho, pero hay dos diferencias importantes en la intención y la obstrucción.
En una valoración por lo demás duramente crítica en que condenó las prácticas de correo electrónico de Clinton como “extremadamente descuidadas”, el entonces director del FBI, James Comey, anunció que los investigadores no habían encontrado evidencia clara de que Clinton o sus ayudantes hubieran tenido la intención de violar las leyes que rigen la información clasificada.
Como resultado, dijo, “ningún fiscal razonable” seguiría adelante con un caso. Todos los casos relevantes de la Ley de Espionaje presentados durante el siglo pasado por el Departamento de Justicia, dijo Comey, involucran factores que incluyeron esfuerzos para obstruir la justicia, el mal manejo deliberado de documentos clasificados y el revelar grandes cantidades de registros. Ninguno de esos factores existió en la pesquisa a Clinton, explicó.
Eso contrasta claramente con las acusaciones contra Trump, quien, según los fiscales, estuvo involucrado en el empaque de las cajas que irían a Mar-a-Lago, y luego tomó medidas activas para ocultar los documentos clasificados a los investigadores.
La imputación formal lo acusa, por ejemplo, de sugerir a un abogado que escondiera documentos exigidos por una citación del Departamento de Justicia o declarar falsamente que todos los registros solicitados habían sido entregados, aunque faltaban más de 100.
La acusación cita varias veces las propias palabras de Trump en su contra para demostrar que entendió qué hacía y lo que la ley le permitía y no le permitía hacer. Describe una reunión de julio de 2021 en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, en que mostró un “plan de ataque” del Pentágono a personas sin autorizaciones de seguridad para ver el material, y proclamó que “como presidente, podría haberlo desclasificado”.
“Ahora no puedo, ya saben, pero esto todavía es un secreto”, lo cita la imputación.
Esa conversación, capturada en una grabación de audio, probablemente sea una evidencia poderosa en la medida en que socava las afirmaciones repetidas de Trump de que había desclasificado los documentos que se llevó consigo a Mar-a-Lago.
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¿DÓNDE ENCAJA BIDEN?
La Casa Blanca reveló en enero que, dos meses antes, un abogado de Biden había localizado lo que dijo que era una “pequeña cantidad” de documentos clasificados de su época como vicepresidente durante una búsqueda en las oficinas del Penn Biden Center, el antiguo centro de investigación del mandatario en Washington. Los documentos fueron entregados al Departamento de Justicia.
Los abogados de Biden localizaron posteriormente un lote adicional de documentos clasificados en la casa de Biden en Wilmington, Delaware, y el FBI encontró aún más durante un registro voluntario de la propiedad.
Las revelaciones fueron un revés humillante para los esfuerzos de Biden por establecer un claro contraste entre su manejo de información confidencial y el de Trump. Aún así, al igual que con Clinton, hay diferencias significativas en los casos.
Aunque el fiscal general Merrick Garland nombró en enero a un segundo fiscal especial para investigar los documentos de Biden, no se han presentado cargos, y al menos hasta ahora, no ha surgido evidencia que sugiera que alguien movió intencionalmente documentos clasificados o trató de impedir que el FBI los recuperara.
Si bien el FBI obtuvo una orden de registro en agosto pasado para recuperar documentos clasificados adicionales, cada una de las búsquedas en el caso de Biden se realizó voluntariamente con el consentimiento de su equipo.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia notificó al vicepresidente de Trump, Mike Pence, a principios de este mes, que no presentará cargos tras el descubrimiento de documentos clasificados en su casa de Indiana. Ese caso tampoco involucró acusaciones de retención u obstrucción intencional.
