Ecuador.- “Hemos avanzado 21 meses, bajo un gobierno constitucional, cuando significa en países como el nuestro en los que ganar la estabilidad democrática implica conquistarla día a día’’, fueron las palabras del último discurso que el abogado guayaquileño Jaime Gerardo Roldós Aguilera pronunció como presidente constitucional de la República, la tarde del domingo 24 de mayo de 1981. Lo hizo en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, donde se condecoró a los combatientes de la guerra de Paquisha.
Poco después de su memorable discurso, que quedó para la historia, abordó el recién adquirido avión presidencial, el Beechcraft Super King 200, para viajar a la localidad fronteriza de Macará (Loja).
Lo acompañaban la primera dama, Martha Bucaram de Roldós; el ministro de Defensa Nacional, general Marco Subía Martínez, y su esposa, Helena de Subía; los edecanes tenientes coroneles Armando Navarrete y Héctor Torres; el piloto de la nave, coronel de Aviación Marco Andrade Buitrón; el copiloto, teniente de Aviación Galo Romo; la cabinera Soledad Rosero; y Carlos Cabello, miembros de la seguridad.
El mandatario iba a Macará y de allí debía tomar un helicóptero para viajar a Zapotillo, donde se realizaría otra ceremonia antes de volver a Quito ese mismo día. Pero esto nunca pudo ser, ya que el avión presidencial se estrelló contra el cerro de Huayrapungo (Loja), a pocos minutos de aterrizar. Todas las personas que estaban en la aeronave perecieron.
Investigaciones
Alrededor de la muerte de Roldós se han desarrollado varias investigaciones: una, en 1981, efectuada por la Junta de Investigación de Accidentes (JIA) de la Fuerza Aérea. Luego, el mismo año, otra de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF); y dos más del desaparecido Congreso Nacional, en 1982 y 1991.
La primera concluyó que había sido falla humana; es decir, del piloto. El informe de la USAF se basó en el documento preparado por la JIA. Este determinó que la tesis de la falla humana era “plausible”, aunque sus delegados nunca estuvieron en el sitio del accidente (sur de Loja).
La primera Comisión del Congreso, presidida por Otto Arosemena Gómez, pidió a la Policía de Zúrich (Suiza) que realizara un peritaje a una de las turbinas del avión, el cual determinó que aquella estaba apagada al momento de la colisión.
Arosemena concluyó, entonces, que la nave se desplomó porque perdió fuerza cuando sus turbinas se paralizaron.
Los diputados no pudieron determinar las causas de ese hecho, aunque mencionaron algunas posibilidades, como la falta de mantenimiento o contaminación del combustible.
En 1992, a raíz de un artículo de la revista Life que señaló que los asesinatos de Omar Torrijos (presidente de Panamá) y Jaime Roldós habían sido ordenados por el general Manuel Antonio Noriega (que luego gobernó Panamá), el Congreso de Ecuador abrió una segunda indagación.
El exdiputado Víctor Granda, quien lideró ese trabajo, explicó en 2011 que la Comisión concluyó que la tesis del accidente como hecho fortuito era “poco creíble” y planteó que, si bien no había pruebas, la muerte de Roldós pudo ser consecuencia de un atentado en el que confluyeron intereses internos y externos.
En mayo del 2015 el entonces ministro de Defensa, Fernando Cordero, anunció que se había logrado determinar que el avión presidencial accidentado fue adquirido sin caja negra y que, por tanto, nunca se lograrán determinar las conversaciones previas al percance.
