El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó este martes la Ley Antinarcotráfico que endurece las penas por delitos de drogas, aumenta la fiscalización de la ruta del dinero y permite el cultivo de cannabis con fines medicinales.
“Esta ley permite su cultivo (de marihuana) para el tratamiento de enfermedades. Es importante: esas personas no son delincuentes, siempre cuando esto sea para uso personal, indicado por el médico y bajo una receta”, dijo el mandatario al formalizar una reforma que fue aprobada por el Congreso en marzo pasado.
También convocó a aprender a diferenciar los delitos vinculados con el narcotráfico y centrar la persecución del Estado de los verdaderos delincuentes, no en quienes cultivan cannabis de uso terapéutico.
Mensaje
Aunque el evento oficial trataba específicamente sobre la Ley Antinarcotráfico, Boric aprovechó para enviar un mensaje político sobre la derrota que sufrió Gobierno en la elección de consejeros constitucionales, realizada el pasado domingo.
“Nuestro Gobierno ha tenido y seguirá teniendo una agenda de trabajo muy clara y definida por las necesidades del pueblo y, por los compromisos que adquirimos con el país por los cuales estamos gobernando”, señaló.
De esta forma, Boric trató de paliar la incertidumbre política que generó la victoria del ultraderechista Partido Republicano, quien junto con sus aliados se quedará con 33 de los 51 escaños del Consejo que redactará la propuesta de nueva Constitución y que será plebisicitada el próximo 17 de diciembre.
“Chile tiene instituciones que proteger y que no pueden estar afectas a la guerrilla política, seguiremos trabajando firmemente por cohesionar a nuestra sociedad”, afirmó.
¿Qué dice la Ley?
La Ley Antinarcotráfico promulgada por Boric establece penas de entre cinco y 15 años de prisión a quienes administren a otras personas sustancias ilícitas sin su consentimiento. Las sanciones más graves aplican si se ejerce violencia o intimidación.
Por otra parte, quienes suministren productos que contengan solventes o gases inhalantes, capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica a menores de 18 años, se arriesgan a condenas de tres a 10 años de cárcel.
Las penas aumentarán si menores de edad u otras personas son usadas para cometer delitos de drogas, o si se les entregan armas de fuego.
Con respecto al cannabis de uso medicinal, los usuarios deberán presentar una receta médica que indique el diagnóstico de la enfermedad, tratamiento, duración y forma de administración, la cual no podrá ser mediante combustión.
Si alguien utiliza recetas falsas, será sancionado con una pena de 61 a 540 días de prisión, pero la misma aumentará si usa el cannabis para comercialización o facilitación a un tercero.
También refuerza la fiscalización de la ruta del dinero, ya que la Unidad de Análisis Financiero podrá auditar nuevos tipos de empresas, como las dedicadas a la compraventas de autos, joyas y equinos.
