La organización cívica Sed de Justicia apoderó a la procuradora general Miriam Germán de una denuncia por el uso del programa Pegasus para espiar a la periodista de investigación Nuria Piera.
Esta organización sostiene que desde septiembre del 2021 tiene conocimiento del uso de este programa para interceptación telefónica contra personalidades de la República Dominicana, especialmente periodistas de investigación y dirigentes de organizaciones que luchan contra la corrupción en el país.
Más temprano se informó que la Procuraduría se pondrá en contacto con la periodista Nuria Piera para informarle sobre sus derechos como víctima y la necesidad de que presente una denuncia o querella, a fin de iniciar las investigaciones con relación a la denuncia de espionaje con el software Pegasus en su teléfono celular, en tres ocasiones.
Germán explicó que en razón de que se trata de infracciones de acción pública a instancia privada y, por mandato legal, el Ministerio Público solo está autorizado poner en movimiento la acción pública cuando la víctima presenta una denuncia o querella.
Asimismo, condenó la acción en contra de Piera y aseguró no tolerará que se produzcan situaciones como esta.
“Ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo para investigar el origen y propósito de la intervención que de acuerdo a su laboratorio afectó el dispositivo móvil de la periodista Nuria Piera el 20 de julio del 2020, 8 de septiembre del 2021 y el 1 de octubre del 2021. Nuestro gobierno no tolerará que situaciones como esta se produzcan”, indicó.
La magistrada Germán garantizó que desde el gobierno dominicano no se utilizan servicios de espionaje o vigilancia “que contravengan dichos principios fundamentales”, y que en la actual gestión no se han contratado al NSO Group ni a ninguna otra empresa que opere en este ámbito o cuyas actividades atenten contra los derechos humanos y las garantías individuales.
El documento explica que el procedimiento operativo para la selección de personas que serán sometidas a vigilancia mediante programas espías para teléfonos solo puede ser realizada con autorización judicial, lo que significa que un juez debe emitir una orden judicial que permita la intervención de las comunicaciones de un sospechoso específico en el marco de una investigación criminal o de seguridad nacional.
“El proceso de obtención de dicha orden judicial suele ser riguroso y requiere pruebas sólidas que justifiquen la necesidad de realizar dicha interceptación”, agrega la misiva en que se responde un cuestionario de cinco preguntas realizadas a la PGR por Amnistía Internacional.
Se informó además que el Ministerio Público dispone de una dependencia especializada para la investigación y enjuiciamiento de las infracciones contempladas en la Ley 57-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y que cualquier ciudadano afectado puede acudir a esa instancia para procurar reparación en este sentido.
