Singapur.- Singapur ejecutó este miércoles en la horca a un preso condenado por conspirar para traficar con un kilogramo de marihuana, una ejecución calificada de “escandalosa” por organizaciones de derechos humanos y que la ONU pidió detener por dudas sobre las garantías del proceso judicial.
“Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno (singapurense) ha mostrado no tener piedad”, denunció hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado, Tangaraju Suppiah.
Tangaraju Suppiah, singapurense de origen tamil, fue ahorcado alrededor de las 6.00 de la mañana hora local (22.00 GMT) en la prisión isleña de Changi, tras haber sido condenado a muerte en 2018 por “ser cómplice en una conspiración para traficar” con un kilo de marihuana cinco años antes.
El caso de Tangaraju ha acaparado la atención no solo por ser un delito de tentativa de tráfico de marihuana, cuyo uso medicinal se legaliza en cada vez más países, sino también por las supuestas irregularidades del proceso, denunciadas por sus familiares y oenegés.
“Mi tío es un hombre muy bueno. No tenía educación ni dinero, pero siempre trabajó duro para cuidarnos. Ahorcarle es asesinar a un hombre inocente”, dijo la sobrina de Tangaraju en un vídeo, en el que imploraba clemencia al Gobierno de Singapur, publicado anoche en las redes sociales.
Pruebas “débiles”
Consumidor de marihuana desde la adolescencia, Tangaraju fue implicado en el caso en marzo de 2014, seis meses después de que el intento de contrabando se produjera.
Un supuesto contacto telefónico con dos personas para introducir el alijo desde Malasia a Singapur fue la prueba de cargo, aunque tanto sus abogados como su familia negaron cualquier relación.
Asimismo, sus parientes y activistas han denunciado que no recibió el asesoramiento legal adecuado y se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la Policía.
“Estamos acostumbrados a ver actos de injusticia, pero con éste estamos en shock por lo débiles que son las pruebas y lo fácil que resulta enviar a alguien al patíbulo”, afirmó el martes a EFE Kokila Annamalai, portavoz de Transformative Justice Collective (TJC), una oenegé local que pide la derogación de la pena capital.
Por su parte, el Ministerio de Interior isleño defendió ayer en un comunicado que “Tangaraju fue representado por asesores legales durante todo el proceso judicial” y que “las pruebas indican que él fue quien coordinaba la entrega de las drogas”.
