La oposición en Chile solicitó el lunes al gobierno del presidente Gabriel Boric expulsar del país a los inmigrantes indocumentados y tipificar como delito la entrada irregular al territorio chileno.
Durante los últimos años Chile, ha recibido un intenso flujo migratorio que empezó a declinar a comienzos de este año luego de que Boric desplegara un contingente militar en la frontera chilena con Perú y Bolivia para frenar la llegada de extranjeros irregulares. Según el gobierno, la cifra bajó en un 55%.
Diego Schalper, secretario general del centroderechista Partido Renovación Nacional, acudió a la sede de gobierno para dejar una carta dirigida al mandatario en la que le solicita que tramite con suma urgencia un proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como un delito. La iniciativa se encuentra estancada en una comisión de diputados.
El opositor agregó que se necesita “una mayor acción punitiva” del Estado frente al ingreso clandestino.
En la misma línea, José Antonio Kast, excandidato presidencial y líder del conservador Partido Republicano, explicó a la prensa que demandan la designación de un ministro especial que coordine entes gubernamentales para identificar a extranjeros que no cuenten con los documentos para permanecer en el país y expulsarlos.
Sugirió que se creen residencias especiales para los inmigrantes irregulares “hasta que sean expulsados”.
Por su parte, María José Hoffmann, secretaria general de la derechista Unión Demócrata Independiente, calificó de insuficiente la labor del gobierno en materia de inmigración en momentos en que, según su reclamo, han aumentado los delitos de mayor connotación por parte de bandas extranjeras. No obstante, no hay cifras oficiales que detallen el número de bandas delictivas extranjeras.
De hecho, Boric afirmó el viernes último que las personas que llegaron ilegalmente “tienen que ser identificadas” y que el gobierno trabaja en ello, aunque también advirtió que no se debe confundir a los migrantes con delincuentes. “La migración en sí misma no es un delito”, añadió.
El Servicio Jesuita a Migrantes ha señalado que la discusión sobre inmigrantes no se puede reducir a “seguridad y expulsiones”. Su jefa de Incidencia Jurídica, Gabriela Hilliger, abogó por un avance de la Política Nacional de Migraciones y ver “cómo a aquella población se le permita regularizar y si eso se va a poder hacer”.
La preocupación por el tema se intensificó luego de que hace dos semanas fuera asesinado un policía. El fiscal que indaga el caso informó que los tres arrestados por su presunta participación en el crimen son ciudadanos venezolanos y se busca un cuarto de la misma nacionalidad.
La muerte del policía elevó el tono de la discusión sobre la crisis d inseguridad que vive hace meses el país sudamericano debido al aumento de la delincuencia armada.
Una encuesta difundida esta jornada señala que el 85% de los consultados destacó que hay más delincuencia y de ellos, un 60% lo atribuyó “al ingreso de delincuentes desde el extranjero”.
Un estudio de la Mesa de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, conformada por la Cancillería, el Ministerio de Justica, el Instituto Nacional de Derechos humanos, las policías y el Ministerio Público, señala que la participación de extranjeros en delitos de mayor connotación ha aumentado progresivamente desde 2016 a 2020.
Las estadísticas del estudio, que considera a personas detenidas en flagrancia, señalan que en 2016 fueron detenidos 14.561 extranjeros y que la cifra subió a 26.469 en 2018 y a 66.293 en 2020. Según cifras oficiales, en 2018 los chilenos detenidos fueron 111.621 y en 2020 bajaron a 64.637.
En Chile hay más de 20.000 venezolanos indocumentados que no han podido ser expulsados porque Venezuela no recibe un avión chileno con expulsados venezolanos y echarlos por tierra es muy caro, informó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Bolivia, entretanto, no recibe a los expulsados que no sean bolivianos, aunque la mayoría de los extranjeros ilegales entran a Chile desde suelo boliviano con independencia de cuál sea su nacionalidad de origen.
Cifras de la Policía de Investigaciones indican en los últimos cinco años y hasta mediados del año pasado registraron 127.000 autodenuncias por ingreso irregular a Chile, como exige la legislación migratoria. Pero un número desconocido no se autodenuncia.
Fuente: AP
