El diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno y aspirante a senador por Santo Domingo, Amado Díaz, sometió un anteproyecto de ley que busca reformar la Ley de Armas de Fuego, que implica drasticidad en la comisión de delitos y flexibilizando la renovación del permiso para que se realice cada dos años, en lugar de uno, como es actualmente.
La iniciativa de Díaz promueve la modificación del Artículo 21 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, debido a que de esta manera se procura que todo el que tenga un arma de fuego pueda ponerse al día con su regularización.
En lugar de un año para la renovación, el Artículo 21 de la Ley 631-16, sobre Emisión, vigencia y renovación, plantea que: “Las licencias otorgadas al amparo de la presente ley se emitirán en forma individualizada y con carácter intransferible por un periodo de vigencia de dos años”,.
Plantea también que en el caso de deterioro o pérdida del documento que acredita la licencia para la tenencia de armas, el titular de la misma deberá solicitar, inmediatamente a que el hecho se produzca, una copia cuya vigencia se extenderá por el mismo plazo que correspondía a la original.
“Las licencias deberán renovarse a su vencimiento por su titular de forma personal durante los tres meses anteriores a su vencimiento”, contempla el párrafo II de la presente iniciativa.
El aspirante a senador por e PRM, propone que toda licencia que no sea renovada en la fecha correspondiente, pagará un recargo al momento de su renovación, equivalente a un 3% mensual sobre el valor del importe de la licencia y se podrá proceder a la incautación de la misma.
Indicó que al momento de expedición de las licencias deberán tomarse las huellas biométricas del titular de la licencia del arma y que el Ministerio de Interior y Policía regulará el registro y las características físicas de las arma a fin de permitir su identificación de forma concluyente, mediante la utilización de tecnologías de balística forense.
“La utilización de un arma en un acto delictivo conllevará su inmediata incautación y la anulación de la autorización que permitía su tenencia”, apunta el Párrafo V de la iniciativa del Congresista Díaz.