Desde el punto de vista legal, las palabras más importantes que dijo la semana pasada el expresidente Donald Trump tras ser acusado de 34 delitos por el fiscal del distrito de Manhattan fueron “no culpable”. Pero para la política, las más significativas fueron “interferencia electoral”.
Al repetir esas palabras, que han encontrado eco en otros republicanos destacados, Trump mostró cómo intenta convertir su posición histórica como el primer expresidente procesado por delitos penales en una ventaja. Es un nuevo ejemplo de una práctica continuada durante su carrera política: afirmar sin pruebas que las elecciones están amañadas en su contra.
Tras su primera comparecencia judicial en el caso en Nueva York, el primero de varios procesos legales que enfrenta, Trump enumeró las distintas investigaciones en su contra y las tachó de intentos “enormes” de interferir con las elecciones de 2024.
“Nuestro sistema de justicia se ha vuelto anárquico”, dijo Trump en un acto con simpatizantes en su hogar de Florida, Mar-a-Lago. “Lo están utilizando ahora, junto con todo lo demás, para ganar elecciones”.
Trump ha expresado alguna versión de esas afirmaciones en al menos 20 publicaciones en medios sociales desde el 3 de marzo, la mayoría en las últimas dos semanas cuando un jurado investigador de Manhattan parecía estar ultimando su labor y preparándose para procesar al exmandatario.
Trump anunció su nueva campaña a la Casa Blanca poco después de las elecciones de media legislatura en noviembre, en lo que algunas personas de su círculo vieron como un intento de frenar varias pesquisas que giran en torno a su persona.
Afirmar que le están robando unas elecciones es una táctica rutinaria de Trump, pese a la falta de pruebas para respaldar sus acusaciones. Cuando competía por la candidatura republicana a la presidencia en 2016, Trump atribuyó al fraude su derrota en los caucus de Iowa. Cuando ganó la Casa Blanca ese noviembre pero perdió el voto popular, aseguró que el único motivo por el que había quedado por detrás en esa categoría era porque habían votado inmigrantes sin permiso de residencia. Un comité que formó para encontrar fraude electoral se disolvió sin encontrar pruebas que sostuvieran su argumento.
En 2020, Trump comenzó a afirmar que los comicios serían fraudulentos meses antes de que comenzaran las votaciones. Criticó los esfuerzos por reducir las restricciones al voto por correo durante la pandemia del coronavirus y amplió esas acusaciones tras perder las elecciones para afirmar que en realidad las había ganado. Esas mentiras llevaron al asalto del 6 de enero de 2021 sobre el Capitolio de Estados Unidos.
Funcionarios federales y estatales y el propio fiscal general nombrado por Trump han dicho que no hay pruebas creíbles de que la votación de 2020 estuviera comprometida. Las acusaciones de fraude del expresidente también fueron rechazadas de plano en los tribunales, incluso por jueces nombrados por Trump.
Trump se comporta como un político con problemas legales, señaló Steven Levitsky, politólogo de Harvard.
“Desde luego no es el primer político en ser procesado -en ocasiones de forma justa, en ocasiones no- que juega la carta de la víctima política”, comentó Levitsky.
El politólogo, coautor del libro “How Democracies Die” (“Cómo mueren las democracias”), dijo que varios expresidentes de otros países afirmaron cuando fueron procesados que todo era una trama para frustrar elecciones futuras. Más recientemente, esa fue la queja del expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva tras su encarcelamiento antes de las elecciones de 2018. Lula fue liberado por la Corte Suprema de su país y recuperó la presidencia en la votación del pasado octubre.
Sin embargo, lo llamativo en el caso de Trump es que su propio partido repite las afirmaciones de elecciones robadas antes de la próxima campaña. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo el mes pasado que había dado instrucciones a los presidentes de comités del partido para que “investiguen si se están utilizando fondos federales para subvertir nuestra democracia interfiriendo en elecciones con procesamientos con motivaciones políticas”.
“Que todo un partido continúe en esta línea es algo inusual”, dijo Levitsky.
Los cargos presentados la semana pasada en Nueva York derivan de pagos de Trump a su abogado en esa época, Michael Cohen, en los últimos días de su campaña presidencial de 2016 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con la que supuestamente tuvo una relación extramarital. Incluso algunos críticos de Trump creen que los cargos fuerzan los límites de las leyes de Nueva York.
El caso de Manhattan se basa en la afirmación de la fiscalía de que Trump falsificó documentos de su empresa para hacer los pagos y mantener oculta una posible historia perjudicial durante su campaña, lo que presentaron como un intento ilegal de Trump de tratar de influenciar los comicios.
El expresidente también tiene problemas legales por otras investigaciones, dos de las cuales están relacionadas con sus intentos de interferir en las elecciones de 2020.
Fiscales en el condado Fulton de Georgia investigan una llamada de Trump en enero de 2021 al principal responsable electoral del estado para pedirle que “encontrara” suficientes votos para declarar a Trump ganador en el estado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha abierto una pesquisa con un investigador federal especial sobre los intentos de Trump de revertir su derrota en las presidenciales de 2020.
Además, el exmandatario está inmerso en una pesquisa con un investigador federal especial sobre su gestión de documentos clasificados en su propiedad de Florida.
Cuando se le preguntó al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en una conferencia de prensa el martes si el momento de avanzar en el caso era una cuestión política, respondió que “presento los casos cuando están listos”.
La oficina de Bragg declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Trump sobre “interferencia electoral”, al igual que el Departamento de Justicia.
Los críticos advierten que Trump vuelve a sembrar sospechas de fraude que podrían dañar la democracia. “Ya hemos visto esta película”, dijo en un comunicado Joanna Lydgate, directora general de States United Action, que monitorea a políticos que adoptan las mentiras electorales de Trump. “Sabemos que esto es peligroso porque todos vimos lo que ocurrió el 6 de enero”.
Trump ha rechazado de forma habitual esas advertencias y ha incorporado sus problemas legales a las acusaciones falsas que hace desde hace tres años sobre que su salida de la Casa Blanca se debe a ilegalidades del Partido Demócrata.
En su primer acto de campaña en Waco, Texas, unos días antes de ser procesado en Manhattan, Trump arremetió contra todas las investigaciones y dijo que sus oponentes utilizaban las pesquisas “porque para ellos es más difícil rellenar urnas, de las que rellenaron muchas”.
“La nueva arma utilizada por los demócratas desquiciados fuera de control para amañar las elecciones es investigar de forma penal a un candidato”, dijo.
Trump y otros republicanos han caído en contradicciones a veces, al condenar las investigaciones como un intento de perjudicar a Trump al mismo tiempo que predicen que le ayudarán a volver a la Casa Blanca.
“Creo que verán subir sus cifras en sondeos”, dijo el mes pasado la congresista republicana de Nueva York Elise Stefanik, una de las mayores partidarias del presidente en la Cámara de Representantes, en una conferencia del partido el mes pasado. “Nunca ha estado en una posición más fuerte”. La semana pasada condenó los cargos como una “interferencia electoral sin precedentes”.
Aaron Scherb, director de asuntos legislativos de Common Cause, que ha criticado desde hace tiempo las acusaciones de Trump sobre manipulación electoral, señaló que todos los casos contra el expresidente comenzaron mucho antes de que iniciara su nueva campaña.
“Nadie está por encima de la ley, ni siquiera expresidentes, y presentarse a la presidencia no puede y no debe servir de escudo para conducta inapropiada”, afirmó Scherb.
Fuente: AP
