Los abogados Emery Colomby Rodríguez y Santiago Rodríguez, parte de la defensa del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, dijo este domingo que el Ministerio Público no presentó evidencias suficientes para que a su cliente se le dicte prisión preventiva por su presunta implicación en el entramado Calamar.
Al agotar la defensa de Peralta ante la jueza Kenya Romero, ambos litigantes presentaron más de 100 presupuesto de arraigos personales, sociales y comerciales.
Lo definieron como un hombre de familia con valores, un referente de cumplimiento y de transparencia, con más 40 años de trabajo incansable, hombre de empresa y como funcionario público honesto.
“El testimonio de delatores culpables y un condenados (Bolívar Ventura, Ramón Emilio Jimenez y Francisco Pagan) no son suficientes, porque no vinculan al Señor José Ramón Peralta en ninguno de los hechos narrados en esa solicitud de medida de coerción. El Ministerio Público no presentó evidencias documentales en contra de José Ramón Peralta y ninguno de los querellantes y actores civiles accionó en su contra”, recalcan ambos juristas.
Por tanto, le piden a la jueza Romero rechazar la solicitud de medida de coerción por no cumplir con lo dispuesto con el artículo 227 del Código Procesal Penal, en virtud de que no presentaron evidencia suficiente para solicitar prisión preventiva.
Solicitan a la jueza la puesta en libertad de inmediato del exministro José Ramón Peralta conforme a lo dispuesto en el artículo 40.9 de la Constitución y el artículo 15 del Código Procesal Penal, en razón de que él mismo está dispuesto a presentarse a todos los actos del procedimiento para mantener su estado de inocencia.
Los principales imputados en el caso Calamar son los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público.
