La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, manifestó este martes que las autoridades encargadas de garantizar el orden público deben actuar con mesura, sin excesos ni abusos, con el fin de que no se ponga el riesgo la democracia.
Germán Brito afirmó que es legítimo que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial. “Sin embargo, debemos cuidar las formas de ejercer este derecho, para evitar situaciones que generen perturbación al orden público y el libre tránsito”, agregó.
La magistrada se refirió en este sentido luego de valorar el trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), en la ejecución de la operación Calamar, “gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra más de una veintena de personas, en un fraude al Estado que alcanzaría los 19 mil millones de pesos”.
Explicó que los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida en que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido.
En ese sentido, dijo que constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de vindicta política.
Indicó que confía en que el Poder Judicial sabrá cumplir en este caso con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos, para garantizar los fines propios de las medidas de coerción.
El pasado domingo se registraron disturbios en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) protestaban en favor de los miembros de esa organización política encartados en la operación Calamar.
22 personas se encuentran a espera de que se les conozcan medida de coerción, entre los que destacan los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, luego de que la audiencia haya sido aplazada en dos ocasiones.
