Santo Domingo.- De acuerdo al Ministerio Público, otra de las maniobras usadas por la red desmantelada en el maco de la operación Calamar, para distraer fondos del Estado era coaccionar a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar de Hacienda, en una estructura no gubernamental compuesta por Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo.
Estos casualmente tenían su oficina en el mismo edificio de Alexis Medina, José Arturo Ureña y Pedro María Altagracia Veras, a quienes la OISOE les hizo pagos de emergencia por contratos de equipamientos y construcción de hospitales ya que eran muy allegados en ese momento del hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina.
El programa Nuria Investigación Periodística realizó un reportaje sobre este entramado, en el que se muestra como el Ministerio Público señala a algunos de los encartados como parte vital de un proyecto o el programa para acaparar recursos de forma irregular de las bancas de apuestas y de lotería.
Se trata de un programa creado por Fernando Crisóstomo, mediante el cual se fijó antojadizamente un monto para cobrar mensualmente de manera ilegal a los dueños de bancas, sustituyendo así las funciones de fiscalización propias de la institución, ya que lo recaudado iba directo a la estructura.
Se identificaban bancas deportivas y de loterías ilegales, así como la utilización de máquinas tragamonedas en lugares no permitidos por la ley, con lo que Crisóstomo crea una base de datos para el cobro compulsivo e ilegal y presenta el plan al hoy imputado Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, en procura de buscar el primer financiamiento para ponerlo en funcionamiento.
En principio se acordaron 25 millones de pesos pero al final le entrega 21 millones de pesos a cambio de ganancias obtenidas a través de las recaudaciones.
Con el dinero aportado por Rodriguez Bisonó, se rentan camionetas y se compran las GPS utilizadas para las inspecciones. De esos 21 millones, Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña se repartieron aproximadamente entre seis a siete millones de pesos. Este plan comienza de manera informal a finales del 2016 y se concretiza en marzo de 2017.
Entre las pruebas que contiene el expediente está un documento de Excel, donde se reflejan todas las actividades desde el año 2017 al año 2020.
Finalmente, en el 2020, año en que inició la pandemia fueron hechas 3,862 intervenciones y 1,646 bancas fueron cerradas.
Con los cobros ilegales de estas intervenciones, lograron obtener sumas millonarias. Como ejemplos, el Ministerio Público destaca el ejecutado José Melchor González Calderón, dueño de la banca La Suerte, King Sport, Salce (bancas de loterías), Joel Sport, Out 27 Sport, King Sport (Bancas Deportivas), y del 50% del Consorcio de bancas Antonio Santa Cruz, teniendo en total 2,029 sucursales a nivel nacional, a quien en octubre del año 2016 le intervienen de manera arbitraria 50 bancas, por lo que requiere una respuesta directa del ministro de Hacienda.
Luego de esto recibe una llamada de Fernando Crisóstomo, quien lo invita a reunirse en Blue Mall y le exige a José Melchor González Calderón el pago mensual de tres millones de pesos a cambio de dejar de intervenirle sus bancas, y le establece además que si no daba el dinero requerido le iban a caer arriba a las bancas.
A los fines de no tener problemas, González Calderón acuerda pagar un millón de pesos mensual. Desde octubre de 2016 hasta agosto de 2020, realizó 43 pagos por un total de 43 millones de pesos, los cuales eran entregados en efectivo.
Como ganancias de este proyecto ilícito tanto a Fernando Crisóstomo como a José Arturo Ureña les correspondía mensualmente un millón de pesos y un millón setecientos mil pesos, respectivamente, aproximadamente, y a Mimilo Jiménez le tocaba entre 8 a 11 millones de pesos aproximadamente.
En el grupo de acusados también están los exdirectores de Casino y Juegos de Azar, Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, quienes recibieron cada uno aproximadamente dos millones de pesos mensuales en efectivo. Incluso en el allanamiento a su residencia a Fernández Figueroa se le incautaron unos 8 relojes de lujo marca Cartier, Rolex, BRERA OROLOGI y CORUM.
La gran cuestionante es como actores tan importantes del entramado, sobre todo en la estructura no gubernamental, como es el caso de Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, Bolívar Ventura y Mimilo Jiménez, no figuran como imputados sino como testigos aun cuando algunos de ellos incluso fueron autores intelectuales de muchas de las maniobras. Esto lo explica el especialista en derecho penal que consultamos.
En el expediente de 2,120 páginas, tampoco figuran como imputados ni como testigos el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, a quien el Ministerio Público señala como cómplice del entramado ni el actual director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado y aspirante a alcalde de Santo Domingo Este por el PRM, Mérido Torres, quien se benefició con una expropiación de terreno en Boca Chica, por lo que recibió más de 32 millones de pesos.
El Movimiento Cívico no Partidista Participación Ciudadana dijo que dará todo su respaldo a los cientos de fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría General de la República, así como los de la Contraloría General que, con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran desvelar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas.
En tanto que la fiscal de Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que el Ministerio Público trabaja muchas veces en jornadas hasta de 18 horas, de lunes a lunes, en el caso.
El Ministerio Publico ha establecido que los hechos se subsumen en los tipos penales: asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, prevaricación, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, desfalco, delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad, cohecho, soborno, tráfico de influencia, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, en perjuicio del Estado.
