El Ministerio Público sostiene los miles de millones de pesos que fueron supuestamente desfalcados por el entramado criminal que lideraba el exministro de Hacienda Donald Guerrero, fueron cargados al Presupuesto General del Estado como deudas públicas y otras aplicaciones financieras.
En el documento de solicitud de medida de coerción contra los encartados en el caso Calamar, el Ministerio Público indica que estos libramientos de pagos se hicieron sin cumplir las sentencias condenatorias en contra del Estado Dominicano a través de la Dirección General de Bienes Nacionales.
Señala que los acuerdos transaccionales suscritos por el fenecido Emilio Rivas, exdirector general de Bienes Nacionales para ser pagados como una deuda pública en el año 2020 tampoco contaban con el aval de la legalidad.
El órgano persecutor indica que tampoco las sentencias tenían que ser pagadas en principio con los fondos del presupuesto del año 2020, porque fueron obtenidas después del primero de agosto del año 2019, razón por la cual su ejecución era imposible preverla durante la planificación presupuestaria de la Dirección General de Bienes Nacionales, para el año 2020, salvo que tuviera recursos suficientes para asumirlas sin afectar los compromisos que sí se habían programados.
En tal caso, previo a la suscripción de los acuerdos debieron obtener una certificación de apropiación de fondos por los montos establecidos en cada uno de los acuerdos transaccionales suscritos.
Indica que un procedimiento establecido por el propio Donald Guerrero, de acuerdo al artículo 3 de la reolución 198- 2018, debía de cumplirse con los requisitos de exigibilidad y notificación de la sentencia antes del primero (1) de agosto del año 2020, por lo que el cumplimiento estas sentencias debieron de ser programados con cargo a los fondos del presupuesto del año 2021, ya que la regla es que la institución condenada haga el esfuerzo de pagar con cargo a su propio presupuesto, antes de que el Ministerio de Hacienda asuma la obligación.
En estos momentos se le conoce medida de coerción a los implicados en la Operación Calamar. Al depositar el expediente, la Coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
“El Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción de este proceso. Un proceso que se ha desarrollado con una investigación que ha asumido altos estándares internacionales”, dijo Ortiz al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde acudió a depositar la solicitud de medida de coerción junto a los fiscales Andrés Mena, Miguel Collado, Marinel Brea, Rosa Alba García, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Emmanuel Ramírez.
Sobre lo solicitado, Ortiz señaló que el Ministerio Público “entiende que es la medida que este caso conlleva, de acuerdo a la gravedad de las imputaciones, a la seriedad de las mismas y al legajo probatorio que hemos depositado”.
La coordinadora de la Pepca detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Ortiz señaló que el Ministerio Público está listo para conocer la medida cuando el tribunal fije la audiencia.
La litigante especificó que esta investigación apenas comienza y que según vaya avanzando pueden producirse otras detenciones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
