En las próximas horas el Ministerio Público presentará formal solicitud de coerción contra imputados en la Operación Calamar, acción que catalogaron como un avance contra la corrupción y la impunidad, como resultado de una “compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)”.
Como fruto de la operación, que incluyó unos 40 allanamientos, hasta el momento hay 19 personas bajo arresto que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales.
De acuerdo a un comunicado del organismo, la investigación tomó varios meses debido a su alto nivel de complejidad.
El MP informó que el entramado de corrupción desmontado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
