El anteproyecto de ley que busca la creación de un Ministerio de Justicia en la República Dominicana con la finalidad de descongestionar las funciones de la Procuraduría General sigue dando de qué hablar en el país.
Expertos en el tema, como el exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito y la abogada constitucional Marisol Vicens, fueron consultados por Nuria Investigación Periodística.
Mientras Domínguez Brito sostiene que un Ministerio de Justicia debilitaría el sistema judicial del país, Vicens entiende necesario que se descongestionen las funciones que actualmente tiene la Procuraduría General de la República.
Aunque tienen opiniones totalmente opuestas, en algo en que coincidieron Domínguez Brito y Vicens en el panel de Nuria Investigación, es en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) permanezca como un órgano independiente y que sus titulares sean escogidos por concursos y no por designación de un funcionario.
Vicens, quien es parte de la comisión que estudia el anteproyecto de ley del presidente Luis Abinader, indicó que la Procuraduría General de la República tiene una serie de funciones que no debería de tener, como las legalizaciones de firmas de notarios, los registros de las asociaciones sin fines de lucro, los exequatur profesionales, entre otros, lo que a su entender, distrae la función principal del Ministerio Público que es perseguir los delitos y procurar justicia.
La jurista también señaló que el no tener un Ministerio de Justicia ha hecho que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tenga que asumir una serie de funciones que no debería, como los temas relacionados al arbitraje.
De su parte, Domínguez Brito, quien dos veces fue procurador general de la República, dijo que el gobierno del presidente Luis Abinader pretende desarticular el Ministerio Público con esta propuesta, además de debilitar “enormemente” todo el proceso de independencia judicial en el país.
Domínguez Brito indicó que con esta iniciativa se busca crear una figura jurídica que le permita al Gobierno manejar nómina, más recursos y tomar control de instituciones como el sistema penitenciario y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El exfuncionario dijo estar de acuerdo con el modelo de los Estados Unidos en el que un fiscal general, es decir un procurador, administra varias dependencias, no solo judiciales, como la migración.
Se recuerda que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene un proyecto de ley que configura el Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al sistema de justicia.
El consultor jurídico, Antoliano Peralta, ha venido “socializando” el anteproyecto de ley con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán a un eventual Ministerio de Justicia, con los gremios empresariales y también con la academia jurídica, representada por las principales escuelas de Derecho del país.
El departamento de Justicia, de ser aprobado en las cámaras legislativas, tiene por objeto asumir las funciones de carácter administrativo que, en la actualidad, “implican una carga” para el Ministerio Público y para los órganos del sistema de justicia y los desenfocan de sus funciones jurisdiccionales naturales.
