El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió este lunes al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent por falta de pruebas en su contra en el caso 13, mediante el que se le hizo un fraude a la lotería por más de 500 millones de pesos.
El tribunal, integrado por Claribel, Yissel Soto y Katherine Rubio, determinó que no se aportaron pruebas suficientes para lograr una condena en el caso del exfuncionario, quien cumplió 18 meses de prisión preventiva en el Centro Correccional Najayo Hombres.
Las juezas condenaron al expresidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca), William Rosario, a 7 años de prisión por el caso 13.
Otra sentencia recayó en Eladio Batista, enviado a la cárcel seis años bajo acusaciones de asociación de malhechores y lavado de activos.
Además, las juezas rechazaron en todas sus partes los acuerdos a los que llegaron varios de los acusados con el Ministerio Público y condenó a Valentina Rosario Cruz, Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Berigüete y Jonathan Brea a cinco años de prisión, tres a ser cumplidos en el Centro de Reclusión de Najayo, San Cristóbal, y dos años suspendidos bajo condiciones.
Los acuerdos del Ministerio Público que fueron acogidos fueron los del no vidente Miguel Mejía y Rafael Mesa, a quienes se les sentenció a cinco años suspendidos completamente, también bajo condiciones.
Los condenados deberán indemnizar al Estado con tres millones de pesos por los daños morales causados, sentenció el tribunal.
El grupo fue acusado de perpetrar un fraude durante el sorteo de la Lotería Nacional que se celebró el 1 de mayo de 2021, donde el número ganador del primer premio fue el 13, de ahí el nombre dado al caso por el Ministerio Público.
Dicent era el administrador general de la Lotería Nacional cuando tuvo lugar ese sorteo.
Previo a conocer la sentencia, una de las defensa de Dicent, sostuvo que a su defendido no se le presentó ningún tipo de pruebas que lo vinculen al crimen de lavado de activos.
En tanto que, el abogado Edison Joel Peña, sostuvo que con esta sentencia se logró un precedente histórico de reconocer el daño moral al Estado dominicano para aquellas personas que cometan actos de corrupción.
