Un juez rechazó este sábado la imposición de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en cambio impuso presentación periódica e impedimento de salida a propietarios de Multi Muebles en La Vega, edificación que colapsó el mes pasado causando la muerte de una empleada y otras personas resultaron heridas.
El colapso del edificio, según el Ministerio Público, se debió a que los propietarios de dicho lugar ampliaron la edificación sin contar con los debido permisos.
El Ministerio Público en la medida de coerción que pidió para Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte, propietarios de la edificación, había señalado que estos no contaban con los permisos para realizar dicho trabajos.
El Ministerio Público indica que los imputados, al actuar como lo hicieron, a espaldas de las autoridades y en omisión de las leyes y reglamentos establecidos para la construcción, cometieron una imprudencia e inobservancia de los reglamentos que provocó la muerte de una persona y heridas con lesiones posiblemente permanentes a otras.
De acuerdo al documento, el colapso del edificio se produjo mientras se realizaban actividades de demolición, modificación y construcción estructural que quedaron captados en videos.
Estas imágenes, captadas los días 16,17 y 18, en donde establecen la “llegada de los trabajadores y lugar donde comienzan a picar la parte del frente”.
El martes pasado, Sánchez Lantigua y Rosario Marte fueron arrestados por el Ministerio Público mediante orden judicial en una de las oficinas de su propiedad localizadas en la avenida Pedro A. Rivera, en La Vega.
El colapso del edificio que albergaba la empresa R & S Multi Muebles, S.R.L. se produjo en fecha 18 de enero del año 2023, en la calle Las Carreras, esquina Sánchez del municipio La Vega, provincia La Vega, aproximadamente a las 12:05 de la tarde.
Tras el colapso del edificio resultó muerta Yasiris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad, mientras que otras tres jóvenes empleadas resultaron heridas.
Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación.
Explican que las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin las autorizaciones de los organismos previstos por las leyes y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedarán varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yasiris Joaquín de Jesús, quien falleció y sus compañeras que resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Precisan que los imputados inobservaron las medidas de cuidado o las diligencias de precaución correspondientes, cometiendo un hecho ilícito que, aunque no fue ejecutado con intención dolosa de por medio, pero por el descuido e inaplicación de las normas, su conducta se enmarca en un delito culposo sancionado por el Código Penal.
La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público a la conducta cometida por los investigados Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte es de violación al Código Penal Dominicano que tipifica el homicidio involuntario y los golpes o heridas involuntarios.
También al Decreto 670-2010, Reglamento R-021, Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos (Decreto 576-06), Ley 687-82, que crea un Sistema de Elaboración de Reglamentos, técnicas para preparación y ejecución relativos a la Ingeniería, la Arquitectura y ramas afines, así como la Ley 62-00 sobre el Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Agrimensura y Profesiones afines.
