Por: Joel Suriel. – Entre el 2022 y el 2023 el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, ha enviado al Congreso Nacional varios proyectos para que se conviertan en ley que han resultado muy controversiales en la opinión pública, por temas de inmigración, libertad de prensa, seguridad cibernética y energía eléctrica.
Varios de estos proyectos han sido retirados por parte del presidente Abinader una vez los temas encuentran el rechazo de varios sectores, incluso algunos dentro del mismo Poder Legislativo.
Recientemente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, el cual ha encontrado la oposición de sectores políticos y sociales porque establece la construcción de un centro de migrantes que a su vez sería un campo de refugiados.
Dado el rechazo que está generando este proyecto, incluso hasta el presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo que se corregirían en el Congreso los temas que pudieran lacerar la soberanía nacional, el mismo pudiera ser retirado por parte de Abinader en el transcurso de la semana, para reintroducirlo sin los temas controversiales.
El año pasado, el Poder Ejecutivo depositó un proyecto de fideicomiso para Punta Catalina el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo que generó severas críticas contra la iniciativa, acusándola de poner en manos privadas ese activo del Estado.
El rechazo al proyecto fue tal, que el 30 de enero, en televisión nacional, el presidente Luis Abinader solicitó al Congreso Nacional aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso con la Fiduciaria Banreservas y la hoy eliminada Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).
El retiro de este proyecto provocó que Abinader introdujera un proyecto de Fideicomisos Públicos en general, que no solo abarcara a Punta Catalina, sino que abarcara a todas las herramientas de este tipo.
A mediados del año pasado, otro proyecto controversial causó problemas al tren gubernamental, se trata de la Ley contra la Ciberdelincuencia, la cual fue retirada del Congreso Nacional por órdenes del presidente Luis Abinader.
A este proyecto le cayeron arriba las críticas, principalmente en aspectos como la sanción de 4 años de prisión contra un ciudadano que haga publicaciones discriminatorias.
Además, este proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo, era acusado de coartar la libertad de expresión en la República Dominicana.
En diciembre del año pasado, el presidente Abinader envió al Congreso el proyecto de ley de trata de personas y explotación de migrantes, el cual ha estado en el candelero en la última semana, cuando en pocos días terminará la legislatura extendida.
Sobre este proyecto, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, que calificó la iniciativa como una “alta traición” al país caribeño, porque es un claro atentado contra la soberanía y la estabilidad del Estado.
Mientras que, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, calificó de “imprudente” la presentación de este proyecto, ya que contiene disposiciones que abren la compuerta para intensificar el “éxodo masivo de migrantes ilegales” al territorio dominicano a través de la frontera terrestre.
Sin embargo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que el proyecto depositado por el Ejecutivo responde a un compromiso internacional asumido por la República Dominicana en el 2006, cuando Leonel Fernández era presidente de la nación, al firmar la Convención de Palermo.
Estas declaraciones fueron refutadas por el exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras, que estaba a cargo de esa entidad en el 2006, quien negó que ese proyecto de ley respondiera al compromiso de Palermo.
Taveras dijo que del Gobierno del presidente Abinader promulgar esa ley, el caos entraría a la República Dominicana, convirtiéndolo en un estado fallido.
Un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre de 2022, contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos.
Muchas de estas víctimas son del vecino país Haití, nación que el propio Abinader, por la inestabilidad que experimenta desde hace varios años por el aumento de la violencia, representa un riesgo para la seguridad nacional de la República Dominicana.
