El Tribunal Supremo de Francia anuló este viernes la imputación de la exministra Agnès Buzyn por haber puesto en peligro la vida de las personas con su gestión al frente del departamento de Sanidad al comienzo de la crisis de la covid.
Los jueces del Supremo justificaron esa anulación porque no hay ninguna ley ni reglamento que imponga “una obligación particular de prudencia o de seguridad” que justifique la inculpación de Buzyn por el delito de poner en riesgo la vida de terceras personas.
En concreto, la comisión de instrucción del Tribunal de Justicia de la República (CJR), el órgano competente para juzgar a miembros del Gobierno por hechos relativos al ejercicio de sus cargos, le reprochaba dejación de funciones por no haber tomado medidas para evitar consecuencias para la salud de las personas al inicio de la pandemia en 2020.
Ese delito, en caso de haber tenido que sentarse en el banquillo y de haber sido condenada, está penado con hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
La que fuera ministra de Sanidad desde el primer Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, en mayo de 2017, y hasta el 16 de febrero de 2020, que tiene ahora 60 años, se queda ahora con el estatuto de “testigo asistido”, lo que significa que sigue siendo objeto de un procedimiento pero sin que se le reproche ninguna infracción.
Había sido inculpada en septiembre de 2021 en el marco de una investigación que a finales de 2020 había dado lugar a una serie de registros que afectaron también a otros antiguos miembros del Ejecutivo de Macron, incluido su ex primer ministro, Édouard Philippe.
Buzyn era la única de todos ellos que había sido acusada formalmente.
El Tribunal Supremo también anuló las audiciones a miembros del Ejecutivo por parte de la comisión de instrucción del CJR, ya que las llevaron a cabo uno o dos de sus miembros y no los tres que la componen.
EFE
