El Ministerio Público sostuvo este viernes que Juan Alexis Medina Sánchez, imputado por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo, estableció contratos millonarios con el Estado en condiciones privilegiadas.
Según la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), “todas las proposiciones o argumentos presentados en el día de hoy confirman nuestro escrito de acusación de que Alexis contrató con el Estado, que tiene un pool de empresas en las cuales él no figuraba, que esas contrataciones con el Estado realmente existieron y que fueron pagadas esas contrataciones”.
“Entonces, qué queda claro, que real y efectivamente Juan Alexis Medina Sánchez contrató en condiciones privilegiadas, siendo hermano del (entonces) presidente de la República (Danilo Medina), con el Estado dominicano”, dijo Ortiz a la prensa a la salida del tribunal encargado del caso, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República.
Para la procuradora, “ha quedado más que evidenciado que la defensa de Alexis Medina no tiene argumentos válidos para desvirtuar la acusación del Ministerio Público”.
Por su parte, la defensa de Juan Alexis Medina pidió este viernes al juez encargado del caso que se plantee declararse no competente al tratarse, argumentó, de una cuestión “puramente administrativa” y no penal.
El caso Antipulpo involucra a Juan Alexis Medina y a la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina, ambos hermanos de Danilo Medina, así como a otras veintisiete personas físicas y veintiuna compañías que afrontan cargos por corrupción y lavado de activos.
Según el expediente de acusación, Alexis Medina creó un entramado societario y, mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.
