Abogados de la pareja de un policía que murió el 7 de enero de 2021, el día después del asalto al Capitolio de EE.UU., han presentado ante una corte de Washington D. C. una demanda contra el expresidente Donald Trump y dos participantes de los disturbios.
Según tuiteó el jurista Mark Zaid, la demandante, Sandra Garza, durante mucho tiempo fue compañera de Brian Sicknick, quien murió a los 42 años por múltiples derrames cerebrales que los forenses atribuyeron a causas naturales. La autopsia no encontró indicios de lesiones internas o externas, ni reacciones alérgicas al tranquilizante para osos con el que Sicknick fue rociado por los manifestantes. Sin embargo, un experto médico admitió que los hechos violentos del 6 de enero desempeñaron “un papel en su condición”.
Los abogados sostienen que la violencia desatada hace dos años y las lesiones que sufrieron los agentes de la sede del Congreso estadounidense, “incluidas las sufridas por el oficial Sicknick y su eventual muerte, fueron consecuencias razonables y previsibles de las palabras y la conducta del acusado Trump”. Fue el entonces presidente saliente quien “irritó intencionalmente a la multitud, dirigió y animó a la muchedumbre a atacar el Capitolio de EE.UU. y a quienes se oponían a ellos”, según la demanda.
Garza exige una indemnización de 10 millones de dólares por parte de Trump y dos participantes del asalto, Julian Khater y George Tanios. Se los acusa de muerte por negligencia, conspiración contra los derechos civiles y asalto, entre otros delitos. Los abogados afirman que el entonces presidente instigó a Khater y Tanios a “atacar el Capitolio y ellos respondieron”.
Un panel liderado por demócratas de la anterior Cámara de Representantes de EE.UU., que investigaba los eventos del 6 de enero, pidió en diciembre pasado a los fiscales federales que presentaran acusaciones contra Trump por obstrucción e insurrección.
“La causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump” y “ninguno” de esos acontecimientos habría ocurrido sin él, concluyó el panel en su informe final.
La solicitud del comité al Departamento de Justicia de EE.UU. marcó la primera vez que el Congreso procesa a un expresidente para enjuiciarlo penalmente.
