Los líderes cívicos de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, anunciaron este sábado el fin de la huelga indefinida que iniciaron hace 36 días por el censo de población, después de que la Cámara de Diputados aprobara una ley sobre el empadronamiento.
“A partir de este momento, hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia”, declaró el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
El dirigente sostuvo que “es un día histórico” porque “ganó la democracia” y ya no se tiene solamente “un decreto mezquino e incierto”, sino que se logró una ley sobre el censo.
También anunció que los cruceños se declaran “en vigilia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del Gobierno nacional hasta septiembre de 2024”, cuando está prevista la redistribución de recursos estatales en función de los resultados del censo, “y las elecciones de 2025”.
Los cívicos cruceños pidieron a la Gobernación regional, al mando del opositor Luis Fernando Camacho, que en 2023 se realice una “encuesta censal” para conocer el número de habitantes del departamento y contrastar esa cifra con los datos del censo nacional, previsto para el 23 de marzo de 2024.
También ratificaron que desde la próxima semana empezará a trabajar la comisión que analizará una nueva relación de la región con el Estado boliviano para que el vínculo deje de ser “tóxico”.
LOS ANTECEDENTES
Santa Cruz inició una huelga indefinida el pasado 22 de octubre después de haber cumplido otras de 24 y 48 horas para exigir que el censo de población se realice en 2023.
La encuesta nacional debía realizarse este mes, pero en julio el Gobierno de Luis Arce lo postergó para 2024 argumentando “problemas técnicos”, lo que provocó la protesta sobre todo en Santa Cruz.
Varias jornadas del paro estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre los sectores afines al Gobierno que rechazaron la protesta y los grupos que la cumplieron, que también acusaron a la Policía de actuar con parcialidad a favor de los oficialistas.
Esta semana los líderes cruceños aceptaron que la encuesta sea en 2024 al reconocer que la propuesta regional para hacerla en 2023 ya no era sostenible “técnicamente” por la dilatación del conflicto, que finalmente se dirimió con la aprobación esta madrugada de una ley.
“La Cámara baja ha cumplido con el pueblo boliviano aprobando la ley de aplicación de los resultados del censo de población y vivienda en los ámbitos financiero y electoral”, dijo a los medios el presidente de esa instancia, el oficialista Jerges Mercado.
La norma pasó ahora al Senado, cuyo presidente, el oficialista Andrónico Rodríguez, cuestionó la norma, pero señaló que se aplicará el procedimiento legislativo para debatirla “sin afectar competencias del Ejecutivo”.
Una facción oficialista cercana al expresidente Evo Morales rechaza la ley al considerar que la “derrota” de los líderes cruceños por el censo debe ser “clara” y que una norma podría presentarse como una “supuesta victoria” después de más de un mes de paro.
Calvo consideró que las “conquistas” de la huelga sobrepasaron a las “demandas” y que “Bolivia ha ganado” pues ahora “el censo ya es del pueblo y ha dejado de ser otro instrumento exclusivo de una élite maniobrera”.
EFE
