Desde empresarios de negocios nocturnos hasta legisladores de la oposición y el oficialismo han pedido en los últimos meses la renuncia o destitución del ministro de Interior y Policía, Jesús – Chú – Vásquez, por varias medidas tomadas desde esa entidad y la inseguridad ciudadana en la República Dominicana.
El ministro Vásquez ha estado en el candelero en la última semana debido a la medida del Ministerio de Interior y Policía de limitar los horarios de consumo y expendio de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo para enfrentar la criminalidad.
Esta medida ha provocado que dueños y representantes de bares y restaurantes exijan la renuncia de Vásquez, por entender que la medida es un atentado contra la empleomanía de Santo Domingo.
Entre los legisladores, es precisamente el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, quien ha indicado que Vásquez debe ser destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, por el crecimiento de la criminalidad.
Otro legislador que opina en esos términos es Amado Díaz, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien señaló que la medida sobre el consumo y expendio del alcohol en Santo Domingo crea una competencia desleal entre los comerciantes.
Ya en julio del presente año, cuando había expectativas de cambio en el tren gubernamental, Díaz expresó que el primer cambio que debería haber hecho el presidente Abinader era destituir al ministro de Interior y Policía.
“Chu Vásquez es un desastre y ese es un puesto para una gente que maneje los temas, con criterio actualizado”, indicó Díaz, en declaraciones a N Digital.
Ya en octubre, varios legisladores pidieron la cabeza de Chú Vásquez por los hechos de violencia que se registraron en San Felipe, Villa Mella.
En ese entonces, Vásquez reaccionó a los pedidos de renuncia y expresó que su prioridad era seguir trabajando y llevando mayores niveles de seguridad en la República Dominicana.
La pasada semana, dueños de bares y restaurantes se quejaron de la resolución dada por el Ministerio de Interior y Policía, que establece una reducción del horario al expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de la provincia Santo Domingo y exigieron la renuncia del ministro Vásquez.
Los empresarios exigieron la renuncia del ministro al decir: “Si su plan de seguridad no funcionó que pague con otros la cuaba, que se ponga los pantalones o que renuncie. Exigimos que no se meta con la gente que quiere trabajar, si él se dejó doblar el pulso de la delincuencia que resuelva él o que renuncie». Porque no es verdad que nosotros que queremos trabajar tendremos que dejar de hacerlo porque la delincuencia quiera, eso no es verdad”.
Esta medida ha sido defendida por Vásquez al recalcar que el compromiso prioritario del gobierno dominicano es “preservar y conservar la vida”, ya que tienen registro de que la mayoría de los hechos delictivos en Santo Domingo se realizan entre las 1:00 y las 3:00 de la madrugada.
Desde distintos sectores se ha criticado la resolución, por considerar que no solo no contribuirá a reducir la criminalidad, sino que además acarreará problemas a los negocios de venta y consumo de este tipo de bebidas.
El primer artículo de la resolución “prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las doce de la madrugada (12:00 am.) hasta ocho de la mañana (8:00 a.m.), en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Boca Chica, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra, y los distritos municipales pertenecientes a cada uno de los municipios anteriores, de la provincia Santo Domingo”.
El municipio de Santo Domingo Norte no figura en el documento, puesto que esa medida ya se viene aplicando desde el pasado mes de octubre, también con el propósito de mejorar los niveles de seguridad.
La violación de la disposición conllevará sanciones que podrán suponer el cierre temporal o definitivo del establecimiento que la infrinja y la cancelación de las licencias o permisos para operar, siendo la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) y la Policía Nacional los organismos encargados de velar por el fiel cumplimiento de la resolución.
La medida establece que la venta de alcohol en lugares y horarios inadecuados aumenta la posibilidad de situaciones que ponen en peligro la salud y la vida.
