Los fiscales que representan al Ministerio Público en el proceso penal derivado de la Operación Antipulpo terminaron este lunes de presentar los hechos, cerrando con el tema del financiamiento ilícito de campañas políticas con fondos de los contribuyentes extraídos al Estado a través de la red de corrupción administrativa.
La exposición de los fiscales abordó la dinámica de triangulación establecida por el entramado de corrupción, el Estado y los políticos que procuraban mantener el control del tren gubernamental para seguir con un círculo vicioso que depredaba fondos públicos.
En la continuación de la audiencia preliminar el Ministerio Público expuso la calificación jurídica otorgada a los hechos, para pasar a presentar los 168 testigos que aporta al proceso.
De inmediato, los fiscales dieron inicio a la presentación de más de 2,000 evidencias documentales con que cuenta el órgano acusador.
La presentación de la acusación cerró este lunes en la página 1,362 y continuará el próximo viernes 4 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la fase en que se encuentra el proceso. “Vamos por la presentación de la prueba número 200 de las documentales”, dijo Ortiz, al ofrecer los detalles de los más de 2 mil elementos de prueba que acompañan el expediente.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a la procuradora de corte Ortiz y a los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce el expediente instrumentado por el Ministerio Público en contra de los acusados.
El MP acusa por el caso de corrupción administrativa a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
