Entre los años 2020 y 2022, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) acogió en sus hogares de paso 284 casos remitidos por el Ministerio Público de niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual.
Así lo informó Pazzis Paulino, encargado del Departamento de Gestión Territorial del Conani, al participar en el panel “Detección y Rutas de Atención frente a Prácticas Nocivas, especialmente la violencia sexual contra menores de 15 años: desafíos y recomendaciones para la acción”.
Resaltó la importancia de fortalecer la capacidad de articulación y de respuesta oportuna de las instituciones del sistema de protección ante situaciones de vulneración, para lograr una protección integral y la restitución de derechos de las niñas y adolescentes.
Paulino dijo que el Conani cuenta con 38 oficinas a nivel nacional, más de 120 directorios y alrededor de 127 juntas locales que permiten asignar un equipo para dar respuestas inmediatas a las situaciones de violencia sexual o cualquier tipo de vulneración de derechos, de niños, niñas y adolescentes en el país.
“Trabajamos en la implementación de una nueva tecnología mediante un sistema de gestión y de información de la ocurrencia de casos para una gestión adecuada”, puntualizó.
Dijo que socializar, capacitar y orientar a los territorios son elementos clave para que se asuma la responsabilidad de denunciar y comunicar a tiempo los casos de abuso sexual para activar el protocolo de protección, mediante un mecanismo de articulación entre las instituciones y poder brindar acompañamiento psicoemocional, acceso a la salud, y a la educación, garantizando la protección de los derechos fundamentales de las afectadas.
65% de adolescentes de, entre 15 y 17 años, ha sufrido violencia sexual
Según datos ofrecidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la República Dominicana el 65 % de las adolescentes de, entre 15 y 17 años, ha sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas.
Estas prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes, el acoso sexual y el matrimonio infantil, precoz y forzado, causan daños irreversibles en la vida, la salud sexual y reproductiva y la educación de las niñas y adolescentes, pero también tienen efectos dañinos en sus familias, manifestándose a nivel comunitario.
