Colombia vive un inusitado aumento de la violencia por parte de la delincuencia común y de bandas del narcotráfico que en los últimos días han cometido varias matanzas y que, a diferencia de la del conflicto armado, ocurre no solo en las zonas rurales sino en los centros urbanos.
La aparición de cuerpos desmembrados en Bogotá, catorce masacres cometidas en poco más de un mes y atracos múltiples en lugares concurridos son algunos de los crímenes que tienen azotado a un país en el que aún no se conoce con claridad cuál va a ser la política de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.
Entre el sábado y hoy la violencia dejó 14 muertos en dos hechos ocurridos en la ciudad caribeña de Barranquilla y en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander (noreste).
En esta última localidad, un profesor, su esposa y sus dos hijos fueron asesinados en su propia casa por delincuentes, cuatro de los cuales fueron a su vez linchados por vecinos de las víctimas.
SIN POLÍTICA DE SEGURIDAD
Para Fernando Rojas Parra, que ha sido profesor de Políticas Públicas en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario, el Gobierno de Petro lo primero que debe hacer para enfrentar este problema es “definir cuál es la política de seguridad ciudadana urbana”.
“En este momento no le conocemos un solo pronunciamiento de fondo al ministro de Defensa (Iván Velásquez) frente a ese tema”, añadió el experto. En Colombia, la seguridad ciudadana depende de la cartera de Defensa, a la cual está adscrita también la Policía.
Y es que la violencia se ha recrudecido en las últimas semanas en el país a pesar de la ambiciosa iniciativa de Petro de lograr una “paz total” con los grupos armados ilegales.
Esto incluye negociaciones de paz en casos como el de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o un sometimiento a la justicia para los involucrados en delitos comunes, como los de las bandas de narcotraficantes o las disidencias de las antiguas FARC.
Rojas considera válida esa propuesta, pero cree que llevarla a cabo crea “unos desafíos gigantescos a la hora de articular a todas las entidades encargadas de generar oportunidades en las zonas donde hoy la delincuencia es la única alternativa para que las personas encuentren su sustento”.
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EL CASO DE BARRANQUILLA
El asesinato de seis personas esta madrugada en el noroeste de Barranquilla es la cuarta masacre perpetrada en la ciudad en lo que va corrido del año.
Esos crímenes han provocado un clima de inseguridad al que se suman extorsiones a comercios y empresas de transporte público, que han derivado en el asesinato de conductores de autobuses y atentados contra los negocios.
El mes pasado, la Defensoría del Pueblo aseguró que en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana están operando los grupos criminales Los Costeños, Los Nuevos Rastrojos, Bloque Central Renacer, Los Papalópez, Los Vega y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo y que son la principal banda criminal del país.
Para Rojas, que es doctor en Historia de la Universidad de los Andes, el conflicto colombiano no es el mismo desde que las antiguas FARC se desmovilizaron en 2016, pues los grupos que quedaron son disidencias en las que el tema ideológico ya no tiene tanto peso.
“Este es un tema netamente criminal y económico (…) El problema es mucho más profundo de lo que han querido reconocer. Nos dicen, por ejemplo, que estamos bajando el índice de homicidios, pero la gente sabe que ahí no está hoy el corazón de la inseguridad, el corazón de la inseguridad está en el atraco, en la extorsión, en el sicariato”, explica.
PREOCUPACIÓN EN BOGOTÁ
El pasado fin de semana las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de tres mujeres en Bogotá, dos en el sur de la ciudad y uno en el norte, a los que se sumaron robos masivos en el sector del Park Way y la quema de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el martes pasado la creación de un “grupo contra el multicrimen” para combatir la inseguridad en la ciudad, sacudida además en los últimas semanas por el hallazgo de 23 cuerpos desmembrados en bolsas plásticas, asesinatos atribuidos a disputas por el control del microtráfico de drogas.
Según la alcaldesa, una de las bandas implicadas en estos crímenes es el Tren de Aragua, de Venezuela.
El Tren de Aragua, que toma su nombre de ese estado venezolano, ha extendido su accionar criminal. Inicialmente estaba en la zona de frontera en donde controlan las trochas y los negocios ilícitos, pero luego apareció en Bogotá en donde se disputa el control del microtráfico con criminales locales, lo que ha dado pie a vendettas.
Rojas asegura que ese grupo no acaba de llegar a la ciudad sino que por el contrario lleva años “compitiendo con otras organizaciones que ya existen en Colombia”.
“Bogotá es un lugar donde hay plata, donde hay comercio, donde una organización realmente puede competir por el control económico y por unas rentas gigantescas que no solo pasan por el narcotráfico, la tierra, la extorsión. Bogotá es un mercado muy importante para el país. Entonces aquí ha fallado la inteligencia, ha fallado la Justicia y ha fallado la articulación entre el Gobierno nacional y el Gobierno local”, lamentó.
EFE
