Los datos oficiales sobre criminalidad tras concluir la pandemia disparó durante todo el año pasado la delincuencia en un 25.7 por ciento.
Cualquier día entre enero y junio de 2021 se robaron 226 casas en España, hubo seis violaciones, 52 delitos de índole sexual diferente a la agresión, 68 peleas y riñas, tres intentos de asesinato, 169 robos con violencia y 1.701 hurtos.
En total, el final de las medidas restrictivas derivadas de los estados de alarma generó más de 1.100.000 infracciones penales. Todos los datos cuantitativos han de verse en perspectiva.
Concluir que España sale de la pandemia como un país mucho más inseguro no tiene por qué ser cierto. Conviene observar las tendencias, y establecer criterios comparativos durante más tiempo que el que transcurre de un año a otro. Pero tampoco procede hacerse trampas al solitario.
La salida de la pandemia está resultando compleja en términos económicos, laborales y legislativos, y la criminalidad ha repuntado.
Por eso, analizar las causas debe convertirse en un objetivo preferente del Gobierno por encima de la negación de la evidencia o de la suavización de las causas.
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado un 19,1 por ciento, y alcanzan el 26,8 en el caso de las agresiones, es decir, de las violaciones.
El Gobierno argumenta con razón que hoy, debido al aumento de la concienciación social y al creciente rechazo social a la desigualdad de género, se producen más denuncias que nunca, y que esto necesariamente hace aumentar la estadística. Y añade que ocho de cada diez agresiones sexuales se resuelven con la detención de su autor o autores. Sin embargo, el dato es objetivo.
Si en el pasado había el mismo número de violaciones y no se denunciaban, y si en el presente se producen esas mismas agresiones y la novedad es que se denuncia, el avance real es nulo.
Puede verse más y mejor lo que no se veía, pero ni se reduce ni se impide. Y eso tiene que ver con políticas más propagandísticas que realmente eficaces.
De hecho, la reciente aprobación de la llamada ‘ley del sí es sí’ va a propiciar en muchos casos la reducción de condenas a agresores sexuales. La confusión jurídica del Ministerio de Igualdad al respecto es elocuente.
También es revelador el dato de que las estafas informáticas supongan ya el 13,4 por ciento de todos los delitos cometidos. Internet se ha instalado en nuestras vidas de modo dominante e irreversible.
No puede ser de otra manera. Pero la adaptación social a ese universo es desigual, y no deja de ser coto de desalmados que fabrican identidades falsas para lograr sus estafas.
No es una cuestión de ciudadanos incautos. O no solo. Es cuestión de una carencia legislativa notable y de una falta de control inherente a internet por parte de los poderes públicos que permite conductas abusivas como la suplantación, el ‘phising’, el engaño masivo y, finalmente, el desamparo del ciudadano.
Las estafas informáticas se han multiplicado por diez en solo una década, lo que acredita y en este caso sí es tiempo suficiente para denunciar una tendencia consagrada que falta mucho por hacer y legislar.
La prevención del delito en estos casos es más relevante que la identificación y detención de los culpables, que muy frecuentemente quedan indemnes, por cierto, porque la regulación es insuficiente.
Si las lesiones y riñas se duplican y si los robos violentos han crecido hasta un 33 por ciento, cabe preguntarse realmente si la seguridad en nuestra democracia está fallando de modo inquietante, y si la pandemia nos ha cambiado tanto. Un 25 por ciento más de media es demasiado.
Fuente: ABC
