Legisladores rechazan y califican de atropello acción de la DGM que dejó pasajeros de APTPRA abandonados

Tras la detención por parte de agentes de la Dirección General de Migración, militares y policías a conductor de un autobús de la empresa de transporte  APTPRA,  dejando abandonados este domingo a al menos 40 personas incluidos niños y envejecientes próximo al peaje de la Autovía del Coral, en La Romana, legisladores de diferentes bancados mostraron su rechazo ante tal situación.

El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP) Omar Fernández, consideró que “la DGM como un falló y error al momento en que dejaron entrar personas de manera irregular a República Dominicana, al tiempo que aseguró se debe buscar la manera de subsanar los daños y perjuicios contra la empresa de transporte y los dominicanos que se quedaron varados.

De su lado, el  legislador de Alianza País, José Horacio Rodríguez, calificó como un atropello y abuso que debe ser resarcido y consideró que tal practica afecta el turismo del país.

En tanto que, el diputado oficialista Francisco Solimán, aseguró que “eso es un atentado a los derechos fundamentales de todo los que transitan en RD”.

Mientras que el legislador Hamlet Melo hizo un llamado al director de la DGM para que tome cartas en el asunto, al tiempo que no se debe violar los derechos de los pasajeros.

Agentes de la Dirección General de Migración, militares y policías detuvieron al conductor de un autobús de la línea APTPRA, procediendo a desalojar a decenas de pasajeros y dejarlos abandonados en unos cañaverales y en la oscuridad, ubicados en el paraje Benerito, próximo al peaje de la Autovía del Coral, en La Romana.

Los agentes de Migración detuvieron al conductor del autobús de la empresa APTPRA, que tenía en un interior 48 pasajeros, ocho de ellos, extranjeros sin documentaciones que  también fueron detenidos, mientras dejaron pasajeros 40 varados en plena vía.

Entre los desalojados del autobús se encontraban jóvenes, niños y ancianos con sus respectivos bultos. Testigos señalan al coronel Zapata, del Ejército, como el responsable del operativo, que definieron como discriminatorio y abusivo.

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