El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez denunció “el grave” intento de usurpación de funciones y violación a la Constitución de la República por parte de un grupo de abogados nombrados por la Presidencia de la República, quienes presentaron una querella en este proceso, suplantando al Ministerio Público.
Según el Consejo, el Poder Ejecutivo designó por el Decreto No. 22-21 a un grupo de abogados, en su mayoría funcionarios y militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), denominados “Equipo de Recuperación del Patrimonio Público” para que en los casos de corrupción se querellen representando al Estado Dominicano, recibiendo para ellos como honorarios un 15% de los valores recuperados y han presentado una querella a los imputados del mal llamado caso “Medusa” y otros que no fueron sometidos a beneficio del Ministerio Público, para hacer creer que desmanteló un supuesto entramado en la Procuraduría General de la República.
Establece que el 8 de marzo del 2022 este grupo de abogados presentó una querella transcurriendo casi cuatro (4) meses sin que la Procuraduría General se pronuncie en relación a la admisibilidad o no de la misma, por lo que el Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez solicitó al 3er. Juzgado de la Instrucción D.N., que se pronuncie sobre el caso y este viernes 19 de agosto se deberá conocer el mismo.
“Esto es muy distinto a los mal llamados casos Pulpo y Coral, donde las instituciones presuntamente afectadas o víctimas si son dependencias de la Presidencia, pero en el caso de presuntas irregularidades en el Ministerio Público, el Presidente de la República no puede suplantar al Ministerio Público designando abogados que representen al propio Ministerio Público o la Procuraduría bajo la figura del Estado Dominicano. Esto sería igual al mismo Presidente representar al Estado como víctima en un caso que afecte la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional o Cámara de Cuentas o la Junta Central Electoral”, expresó el Lic. Gustavo Biaggi Pumarol.
Señala que los abogados de la Presidencia pretenden utilizar la falsa excusa de que representan al Estado o a la Administración Central como víctima obviando que el Código Procesal Penal establece en su Art. 85 que corresponde al Ministerio Público la representación de los intereses del Estado y no al Estado la representación de los intereses del Ministerio Público.
