Un juez aplazó este viernes hasta el 19 de diciembre la audiencia preliminar en contra de los imputados en la supuesta trama de corrupción que lideró el exprocurador general del país Jean Alain Rodríguez durante su gestión.
Rodríguez, preso desde hace más de un año, fue procurador general de la República entre 2016 y 2020, durante el último periodo de Gobierno del presidente Danilo Medina (2012-2020).
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, empezó hoy el juicio a la prueba, en la que se determinará si la acusación tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo.
En esta primera audiencia se debatieron básicamente cuestiones de procedimiento y la mayoría de los abogados de los imputados pidió el aplazamiento de la misma para poder acceder y estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La defensa de Rodríguez solicitó al tribunal un plazo de entre 90 y 100 días para examinar las pruebas presentadas contra su defendido, ya que el expediente de este caso, bautizado por el Ministerio Público como ‘Operación Medusa’ cuenta con más de 12.000 páginas.
Después de ocho horas de audiencia y un receso de más de cinco horas, el juez volvió a la sala, otorgó varios plazos a las partes involucradas, suspendió la audiencia y la pospuso para el 19 de diciembre próximo.
Tras la vista, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, consideró “entendible” la decisión del juez.
No obstante, aseguró que las pruebas “son abrumadoras” y que la acusación contra los imputados está “blindada”
La vista se celebró en un salón de la Suprema Corte de Justicia debido a la cantidad de personas que intervienen en el caso, entre ellos 41 imputados.
El Ministerio Público presentó en julio pasado acusación formal en contra de Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.
En el expediente de la llamada “Operación Medusa” figuran también 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos.
La supuesta red de corrupción manejó más de 1.000 millones de pesos (18,5 millones de dólares) en sobornos, según la acusación.