Yenifer Paredes, cuñada del presidente peruano, Pedro Castillo, se ha entregado este miércoles a la Fiscalía, que la investiga por presunto tráfico de influencias por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario, confirmó su abogado, José Dionicio Quesnay, a RPP Noticias.
“En este momento dentro de su edad, su coraje y valentía se encuentra en la Fiscalía para apersonarse y entregarse a la fiscal”, declaró el letrado sobre Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial.
Ayer de madrugada, la justicia peruana había allanado sin suerte el Palacio de Gobierno en Lima en busca de Paredes, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos.
El operativo policial fue realizado a pedido de la fiscalía que solicitó el “allanamiento” de la “zona residencial del Palacio de Gobierno”, dijo la Corte de Justicia. Después de casi cuatro horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes, para los efectos prófuga de la justicia.
El operativo no tenía precedentes en la historia peruana, donde jamás la Justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona. Castillo y su familia, incluida su cuñada, de 26 años, quien considera “padres” al presidente y su esposa, viven en la residencia presidencial que forma parte del Palacio de Gobierno.
Por este caso, Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio. La fiscalía tiene abiertas cinco investigaciones contra el propio presidente Castillo por supuesta corrupción, otra situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio de sus funciones.
“ALLANAMIENTO ILEGAL”
Castillo reaccionó a la insólita situación a través de un mensaje transmitido por televisión por la noche, calificando lo ocurrido como un “allanamiento ilegal” que forma parte de un supuesto plan mediático para sacarlo del poder en complicidad con la oposición derechista del Congreso.
“Hoy Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno”, ha asegurado Castillo, un maestro rural y sindicalista de 52 años.
“Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional”, ha agregado el presidente, que aparece las últimas semanas cercado por la justicia. La medida se produce en la misma semana que un informe parlamentario divulgado el martes recomienda inhabilitar y procesar política y penalmente a Castillo, alegando que incurrió en traición a la patria al considerar un posible referendo popular sobre otorgar una salida al mar a Bolivia, lo que el presidente niega.
Castillo cumplió en julio un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74% en la opinión pública, según las encuestas.
UNA RED DE CORRUPCIÓN
La actuación judicial ha ocurrido a la vez en distintas locaciones de la capital peruana, en la que fueron detenidos José Nenil Medina, alcalde de un poblado en la región originaria de Castillo, y de los hermanos empresarios Hugo y Angie Espino, todos presuntamente vinculados en la misma red de corrupción, según la fiscalía.
El juzgado ha autorizado las detenciones preliminares de los involucrados durante 10 días. Según un programa de televisión dominical, Paredes y Hugo Espino ofrecían obras de saneamiento en un pueblo de Cajamarca, la región del norte de Perú de donde son originarios ella y el presidente.
La cuñada de Castillo es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por casos de presunta corrupción. Los otros colaboradores de Castillo procesados son un sobrino que fungía de asesor, su exministro de Transporte, ambos prófugos de la justicia, y su exsecretario presidencial.
Este último se entregó la semana pasada y busca llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía para reducir sus presuntos delitos. La primera dama Lilia Paredes también compareció el mes pasado ante una comisión de investigación parlamentaria.
Sin embargo, la esposa del presidente se negó a responder a los legisladores “por recomendación de mi abogado”. Lilia Paredes ya había declarado ante el Ministerio Público por el mismo caso, respondiendo todas las preguntas.
Por Elmundo.es
