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Familiares de víctimas de trata están siendo amenazadas en Colombia luego de operación Cattleya en RD

Luego de que en la República Dominicana se pusiera en marcha la operación Cattleya mediante la cual se rescataron más de 80 mujeres colombianas y venezolanas que eran obligadas a prostituirse, familiares de las víctimas en Colombia están siendo amenazados por la estructura criminal.

Así lo establece el expediente del Ministerio Público contra los 15 acusados en esta operación Cattleya, que indica que miembros de la poderosa red que están en ese país suramericano están amanezando a los familiares para evitar que las víctimas detallen el proceso de trata de personas establecido entre Colombia y República Dominicana.

El documento también establece que la organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro, la rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban “quemar la guarida”, pero todo trataba de cambiar de establecimiento.

La organización llevaba una contabilidad en varios cuadernos en los que se evidencia la fecha de llegada al país de las víctimas, la deuda, entre otros datos que prueban parte de cómo funcionaba a nivel funcionario la red criminal.

Las víctimas que estaban en el Distrito Nacional eran explotadas bajo la modalidad de tener contacto con los clientes en el centro de acogida, en estos casos tenían un costo más alto, porque ellos no obtendrían el mismo monto de transporte, o trasladando las víctimas hacia donde estaba el cliente.

Mientras que las víctimas del este eran explotadas bajo la modalidad de llevar a las víctimas hasta donde el cliente por unas horas específicas o por un día o por noche.

El Ministerio Público puso en marcha el jueves pasado la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial y con la que rescató a más de 80 mujeres.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos.

La operación cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau  (ATB).

Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, explicó que las acciones contra la trata de personas responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito contra el crimen transnacional.

Bejarán Álvarez indicó que en la operación participan 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas.  Durante los operativos, los equipos ocuparon sustancias controladas, como marihuana y drogas sintéticas.

“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.

Como parte de la operación Cattleya, el Ministerio Público investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela.

Los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

Las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana.  Sin embargo, las explotaban sexualmente.

En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

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