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Aplazan audiencia para conocer medida de coerción contra imputados en operación Cattleya

Con el propósito de que los abogados conozcan el expediente y puedan preparar sus alegatos de defensa a favor de sus representados, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Elianni Mena, aplazó para este jueves la solicitud de medida de coerción a los implicados en una red de trata de personas desmantelada mediante la operación «Cattleya».

Otra motivación de la jueza al tomar esta decisión es para que esté presente un traductor especial, en vista de que hay tres extranjeros implicados en la supuesta red.
El Ministerio Público solicita prisión a unas quince personas implicadas en la organización creada para cometer el delito, para obligar a las varias mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana a dedicarse a actividades de prostitución.
Las autoridades realizaron varios allanamientos en el Distrito Nacional y en la región Este, donde rescataron 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolanas, y ocuparon drogas en los lugares que realizaron los operativos.

Los imputados son: José Miguel Noches Guridi, Daniel Enrique Inútil Abreu, José Alberto Soriano Rosario, Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas,Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski, Rober Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, María Colina Achille, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Ramón Altagracia Oviedo Castillo y Carlos Johnatan Walwyn Campusano Díaz.

De acuerdo con las autoridades, las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, pero las explotaban sexualmente.
Las víctimas eran ubicadas tanto en el Distrito Nacional como en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia, donde ofertaban los servicios sexuales a un costo desde 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

Estas jóvenes entre 18 y 23 años de edad, eran traídas al país, luego eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

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