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En Ecuador: Cuatro ministros sustituidos luego de las protestas

El gabinete de ministros del gobierno de Guillermo Lasso tuvo cambios luego de las protestas lideradas por el movimiento indígena y del intento de destitución que la bancada correista impulsó en contra del presidente de Ecuador. Lasso reemplazó a los ministros de Finanzas, Salud, Transporte y al secretario de Educación Superior, que acompañaron al mandatario desde su posesión, hace un año.

Pablo Arosemena Marriot, que ejercía como Gobernador del Guayas, reemplazará a Simón Cueva, quien dirigía la cartera de Finanzas y que tuvo que trabajar en la aprobación del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa económico que incluía el préstamo con la multilateral de crédito fue suscrito por el gobierno de Lenín Moreno en 2020 para que el Estado obtenga un respaldo financiero de USD 6.500 millones.

Cueva, en un mensaje de despedida, dijo que en su gestión se avanzó en la consolidación fiscal, en una reforma tributaria y que se han renegociado acuerdos con organismos internacionales y de relaciones bilaterales.

El gabinete de Lasso también recibió a un nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas. Darío Herrera, un empresario y ejecutivo inmobiliario manabita que fue ministro de Vivienda durante el actual gobierno, reemplazará a Marcelo Cabrera. El ex ministro de Transportes agradeció en Twitter a Guillermo Lasso por su apoyo pero aseguró que era imposible trabajar sin recursos. Poco después, Cabrera borró su mensaje, que rápidamente se volvió viral.

La cartera de Vivienda estará liderada por María Gabriela Aguilera Jaramillo, que se desempeñaba como viceministra en esa secretaría de Estado.

La Secretaría de Educación Superior será dirigida por Andrea Montalvo, que sustituirá a Alejandro Rivadeneira. La nueva secretaria de Educación Superior se desempeñaba como subsecretaria general de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Tanto Rivadeneira como Montalvo fueron funcionarios de la Universidad Hemisferios, una obra corporativa del Opus Dei, un grupo ultra conservador de la Iglesia Católica al que pertenece Guillermo Lasso.

Ximena Garzón dirigía la cartera de Salud. Según anunció la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Lasso aceptó la renuncia de Garzón, que dirigió la campaña de vacunación anticovid que impulsó Lasso al inicio de su mandato y que recibió elogios de la comunidad internacional. Sin embargo, Garzón tuvo que enfrentar la crisis en el sistema sanitario del Ecuador y, a pesar de los pedidos de los médicos y de los pacientes, no declaró en emergencia al sistema público, en el que había desabastecimiento de medicinas y de insumos para las cirugías. Aún no se conoce quién la reemplazará.

En la ceremonia se posesionó a Alfredo Ortega Maldonado como representante principal del presidente de la República para presidir el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El gobierno y el movimiento indígena volverán a la mesa.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que actuó como ente mediador para la firma del acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena que permitió poner fin al paro nacional en Ecuador, anunció la instalación de la primera mesa de seguimiento de acuerdos.

Como parte del acuerdo alcanzado por el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena se estableció que, durante 90 días, se realizarán mesas de seguimiento a las resoluciones suscritas en el acta de la paz.

Entre los principales acuerdos alcanzados en la sesión del pasado 30 de junio están la reducción de los precios de los combustibles fósiles en USD 0,15, la derogación del decreto presidencial sobre la política petrolera y la modificación del decreto referente a la política de extracción minera.

Para revisar el cumplimiento de los compromisos, el acta señala, en su punto VI, que “los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdo y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados”.

 

 

 

Por Infobae.

 

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