El jueves 30 de junio, el movimiento indígena de Ecuador puso fin a un paro que mantuvieron durante 18 días en todo el país, aunque con la mayor concentración de gente en Quito.
El paro, que tenía carácter indefinido, comenzó el 13 de junio, tras un año de un infructuoso diálogo con el Gobierno. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las organizaciones convocantes, señalaron que activaban la movilización social ante la “incapacidad y falta de voluntad” del Ejecutivo “para responder a las demandas sociales”.
El día que inició el paro, la Conaie, junto a las otras organizaciones que convocaron las protestas, como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), entregaron de manera formal a la Presidencia del país un petitorio con 10 demandas, que fueron:
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles.
- Moratoria y renegociación de deudas con el sistema financiero para más de 4 millones de familias.
- Precios justos en los productos del campo.
- Empleo y derechos laborales.
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera.
- Respeto a los 21 derechos colectivos.
- Alto a la privatización de los sectores estratégicos.
- Políticas de control de precios y contra la especulación de los productos de primera necesidad.
- Salud y educación.
- Políticas para frenar la ola de violencia en Ecuador.
Mientras transcurrían la manifestaciones, el Gobierno dio respuesta a algunas de esas demandas y otras quedaron pendientes para resolverse en un diálogo en los próximos 90 días, como se estableció en el “Acta por la paz” que firmaron las organizaciones indígenas y el Ejecutivo el jueves, con lo que se dio paso al levantamiento del paro.
Precio de los combustibles
El “Acta por la paz” se firmó gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), en ella se resumen los consensos y compromisos a los que los manifestantes llegaron con el Gobierno.
Representantes indígenas, de la Iglesia y del Gobierno tras firmar un acuerdo.
El punto más relevante, que es la primera demanda de los 10 puntos de la agenda, es el del precio de los combustibles. Los movimientos indígenas lograron conseguir una reducción de 15 centavos de dólar en el costo del galón del diésel y en el de las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador.
De esa manera, el precio del galón del diésel pasó de 1,90 dólares a 1,75 dólares y el de las gasolinas extra y ecopaís de 2,55 a 2,40.
Esta reducción se hizo en dos partes. Primero, el presidente del país, Guillermo Lasso, anunció una baja de 10 centavos de dólar, y lo estableció con la emisión del Decreto Ejecutivo 462, del 26 de junio, lo que el movimiento indígena catalogó de “insuficiente”; pero luego se acordó sumar 5 centavos de dólar más a la rebaja, quedando fijada la decisión en el Decreto Ejecutivo 467, con fecha 30 de junio.
No obstante, con ese acuerdo, los precios de los combustibles quedaron aún lejos de lo que pedían los descontentos inicialmente en su petitorio de 10 puntos. Ahí, solicitaron la reducción y el congelamiento del costo del galón del diésel en 1,50 dólares y el de las gasolinas extra y ecopaís en 2,10.
Sobre esta petición, como medida adicional y tal como lo demandaba el movimiento indígena, las partes trabajarán en un proceso para focalizar un subsidio para los sectores que más lo necesitan, como agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.
Hidrocarburos y minería
Además de la reducción en el precio de los combustibles, el movimiento indígena logró, como repuesta al punto cinco de sus demandas, que el Gobierno aceptara la derogación del Decreto 95, que emitió el presidente Lasso el 7 de julio de 2021, en el que se expedía la política de hidrocarburos y un ‘Plan de Acción Inmediato’ para el desarrollo del sector hidrocarburífero.
La derogación ya se cumplió. Mediante la emisión del Decreto Ejecutivo 466, con fecha del 29 de junio de 2022.
También, aunque los manifestantes pedían la derogación, se acordaron cambios al Decreto 151, igualmente firmado por Lasso el año pasado, en el que se publicó el “Plan de Acción para el Sector Minero”. Entre las modificaciones, se estableció la exclusión de la actividad extractiva en:
- Áreas protegidas y territorios ancestrales.
- Zonas declaradas como intangibles.
- Zonas arqueológicas.
- Áreas de protección hídrica.
Además, se garantizará la consulta previa, libre e informada en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional ecuatoriana.
¿Qué más consiguieron?
Durante los días que estuvo el paro, el Gobierno emitió otros decretos, con los que respondía a otros puntos de la agenda presentada por el movimiento indígena.
- Control de precios
Con el Decreto 452, del 15 de junio, se dispuso a los gobernadores de todas las provincias del país que, en coordinación con las intendencias de la Policía Nacional, intensifiquen y fortalezcan los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos; en especial, los que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial.
- Emergencia en salud
Con el Decreto 454, del 17 de junio, Lasso dispuso a la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, declarar, mediante resolución motivada y en ejercicio de sus competencias, la emergencia en el sector de la salud a fin de agilizar el aprovisionamiento de medicamentos e insumos necesarios para operar la red pública integral de sanidad.
- Políticas públicas compensatorias
En el Decreto 456, del 18 de junio, el mandatario dispuso “lineamientos para la adopción de políticas públicas compensatorias ante el incremento del costo de la vida tras la pandemia del covid-19 y la crisis logística internacional”.
Ahí, entre otras cosas, se estableció aumentar de 50 a 55 dólares del bono de desarrollo humano, que se da a familias en condición de pobreza y pobreza extrema; duplicar el presupuesto a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación; subsidiar hasta el 50 % el precio de la urea para pequeños y medianos agricultores; que BanEcuador condone todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares, que reduzca la tasa de interés de 10 a 5 % para créditos de hasta 3.000 dólares y que disponga 100 millones de dólares para créditos para pequeños y medianos productores.
- Acuerdos y anuncios adicionales
En uno de sus varios mensajes que dio al país durante las manifestaciones, Lasso se comprometió a no privatizar servicios públicos y sectores estratégicos.
Asimismo, en el “Acta por la paz”, firmada entre ambas partes el jueves, se estableció elaborar un proyecto de ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, para que las asignaciones administradas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) pasen a ser manejadas por las nacionalidades y pueblos indígenas en sus respectivas jurisdicciones.
Muertos, heridos e investigados
Durante los 18 días de protesta, según la local Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que denunció una fuerte represión de los agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes, se registraron seis fallecidos, 331 heridos y 152 detenidos.
Una Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, que estuvo en Ecuador dando seguimiento a las protestas, emitió un informe preliminar, en el que concluye que el Estado ecuatoriano “ha cometido delitos de lesa humanidad”.
“En el marco del paro nacional y, a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, habría asesinado, torturado, lesionado la integridad física, perseguido, amenazado, intimidado y criminalizado a importantes sectores de la población civil. La criminalización y represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”, dice la misión en su documento.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el pasado 28 de junio que había abierto “261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales” en el contexto de las manifestaciones. Detalló que entre los delitos investigados están terrorismo, homicidio, intimidación, paralización de un servicio público, ataque o resistencia, asociación ilícita, rebelión, tortura, entre otros.
Pérdidas
El gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, adelantó, durante la presentación de los resultados de las cuentas nacionales del primer trimestre el jueves, que las pérdidas económicas derivadas del paro pueden estar por arriba de los 800 millones de dólares, superando a las de las protestas de octubre de 2019.
En particular, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) detalló que el sector exportador no petrolero acumuló una pérdida de 85 millones de dólares hasta el 28 de junio de 2022.
De acuerdo con la organización, cerca del 86 % del impacto se concentra en flores, banano y brócoli.
