El ministro ecuatoriano del Interior, Patricio Carrillo, confirmó este martes la muerte de un militar cuando manifestantes atacaron un convoy en la región amazónica del país, cuando se cumple el día 16 de protestas convocadas por los indígenas contra la carestía de la vida.
“Mi solidaridad con la familia del Sgop. José Chimarro, militar asesinado esta madrugada por manifestantes violentos que atacaron a un convoy que transportaba combustible y se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y la Policía en Shushufindi”, escribió Carrillo en su cuenta de Twitter.
Según el funcionario, en el ataque al convoy también resultaron heridos policías y militares.
La semana pasada también se registró el ataque a un convoy de militares que despejaban la vía para que ingresen camiones con abastecimientos a la capital ecuatoriana. En ese ataque resultaron heridos 17 militares y destruidos vehículos del Ejército.
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La muerte del militar se suma a otras cinco ocurridas en el contexto de las protestas, en las que se han reportado unos 400 heridos entre manifestantes y las fuerzas del orden.
Las protestas de los indígenas se han caracterizado por el corte de carreteras, el bloqueo de vías y la concentración de miles de integrantes de comunidades indígenas en la capital ecuatoriana, Quito.
El nuevo hecho ocurre en momentos en que Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), principal convocante a las protestas, y otros líderes de las comunidades prevén retomar un segundo día de diálogos en los que tratan con el Gobierno las demandas de los manifestantes.
Asimismo ocurre el día en que se retomará el debate en la Asamblea Nacional (Parlamento) de una petición de destitución del jefe de Estado, Guillermo Lasso, plantada por la bancada afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El movimiento político Unión por la Esperanza (Unes) invocó el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, sobre la posibilidad de destitución en caso de “grave crisis política y conmoción interna”.
Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
