Leidy Zorrilla.- Ante el decreto núm. 333-22, emitido por el presidente Luis Abinader para crear e integrar una comisión consultiva con carácter honorifico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión, legisladores de oposición y oficialista enfrentan diversas posiciones en torno a la regulación legislativa.
El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP) Tobías Crespo consideró que “el poder Ejecutivo perdió esa batalla y está tratando de modificar los componentes que tienen que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento”.
De su lado, la diputada peledeísta Mercedes Rodríguez, sostuvo que “al presidente se le están yendo las cosas de las manos y lo que quiere es tener temas en el tapete para desviar la atención de lo que está pasando. Se le están yendo los tiros por la culata”.
En tanto que el diputado oficialista Amado Díaz, dijo que “lo que pase fuera de los salones del congreso no es asunto que desde el punto de visto de su jurisdicción les atañe”.
Asimismo expresó que siempre están a favor de que se respeten la autonomía y los espacios.
El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 333-22, del 23 de junio de 2022, que crea e integra una comisión consultiva con carácter honorifico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión.
Con el propósito de unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental, la comisión consultiva ha sido integrada por un plural equipo de juristas y comunicadores.
Forman parte de la comisión Namphi Rodríguez, quien fungirá como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.
De cara a hacer de la eventual propuesta de ley el resultado de un amplio consenso con la sociedad civil, la comisión queda facultada para programar mesas de trabajo con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
La Comisión Consultiva deberá presentar el borrador del instrumento normativo correspondiente, en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la emisión del indicado decreto que la conforma.
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