Por: Joel Suriel. – La Ley contra la Ciberdelincuencia y la revisión a la Ley 61-32 sobre la Libertad de Expresión, ambos sometidos por el gobierno del presidente Luis Abinader, además del proyecto de ley que regula el derecho a la intimidad y el honor propuesto por la senadora de Bahoruco, Melania Salvador, ha disparado las alarmas sobre la mordaza a la libertad de prensa en la República Dominicana.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Participación Ciudadana, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), son algunas de las entidades que se han referido a favor y en contra de los diversos proyectos de leyes que han sido sometidos tanto por el Gobierno, como por congresistas.
La SIP dijo sentirse preocupada por los varios proyectos de ley que se han sometido en las últimas semanas y que insisten en darle carácter penal a la difamación, además de que entienden que esas legislaturas “sobreprotegen” a los funcionarios públicas ante las críticas de particulares.
Según el organismo internacional, hasta el Código Penal Dominicano entraría entre los proyectos que coartarían la libertad de expresión, ya que en su modificación, que se discute en el Congreso Nacional, se sanciona con prisión las ofensas contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos, lo que va en contra de los estándares internacionales, a su entender.
La SIP también criticó el nuevo proyecto contra la ciberdelincuencia presentado por el presidente Abinader, ya que aumenta de uno a cuatro años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos, sin cárcel. El proyecto obliga a los proveedores de servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas, para evitar multas.
Mientras que el movimiento cívico Participación Ciudadana calificó de “atentado a la democracia” el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, aprobado recientemente en el Senado y que está en agenda de la Cámara de Diputados.
El movimiento afirmó que el proyecto es un “atentado a la democracia”, por cuanto amenaza la libertad de expresión e información.
“Esta pieza legislativa trata de proteger a los funcionarios públicos, políticos y legisladores en momentos en que lo que se necesita es más transparencia, mayor rendición de cuentas y empoderamiento de la ciudadanía y la prensa en cuanto a su derecho a monitorear las actuaciones de los gobernantes”, dijo la entidad en un comunicado.
En iguales términos se refirió el Codue, cuyo presidente, Feliciano Lacen, advirtió que la Ley contra la Ciberdelincuencia contiene un artículo que dejará tristes consecuencias, en caso de ser aprobada sin modificaciones.
“Este proyecto de ley, de ser aprobado tendrá grandes consecuencias en nuestro país, específicamente el artículo 17 del mismo, siendo una de las cápsulas de más veneno”, dijo.
Sobre la discriminación, el acápite establece que “El que, a través de un sistema de información, difundir o poner a disposición material y publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión será sancionado con la pena de tres meses a cuatro años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público”.
Lacen dijo que la pieza representa un serio peligro para la convivencia y expone al país a nuevas situaciones sociales funestas, como sucede en otras naciones donde se ha aprobado.
“Nos preocupa mucho seguir observando como en la República Dominicana se continúa con políticas foráneas, que están dejando estragos donde las han implementado, y que siendo la República Dominicana una nación muy particular, con un clima democrático de derecho y apartando la Carta Magna el artículo 39, se esté creando una ley con cianuro, sin necesidad de crear más situaciones sociales como políticas de Estado”, lamentó el presidente del Consejo Evangélico.
En cambio, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ofreció su respaldo al decreto emitido esta tarde por el presidente de la República, Luis Abinader, que dispone la creación de una comisión consultiva que revisará y actualizará la Ley sobre la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento.
En un comunicado enviado a esta redacción, la entidad ve como positivo que esta comisión actualice la legislación vigente sobre la libertad de expresión en la República Dominicana, que data de hace más de 50 años.
También, Finjus dijo estar confiada en que los miembros de la referida comisión, conformada por abogados y periodistas, elaborarán una propuesta de modificación a la ley de libertad de expresión conforme a la Constitución de la República y a los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional.
El artículo 49 de la vigente Ley 61-32 señala: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
