La protesta indígena en contra del gobierno del presidente Guillermo Lasso continúa. La movilización inició el pasado lunes, 13 de junio, cuando el sector indígena del Ecuador salió a las calles para pedir al gobierno que cumpla con 10 solicitudes, incluyendo la reducción de los precios de la gasolina, la seguridad ciudadana, entre otros.
En las primeras dos jornadas se han registrado cierres de vía, policías secuestrados, represión policial, agresiones en contra de periodistas e incluso vandalismo. La ciudad más afectada por las movilizaciones es Quito, donde la mayoría de rutas de ingreso están bloqueadas. Los sectores productivos han denunciado pérdidas millonarias en estos días de protesta.
La noche del último martes, centenares de manifestantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ingresaron a Quito en camiones, desde el sur de la ciudad para unirse a la medida de hecho. Además de las 10 demandas iniciales, los indígenas también pidieron la libertad de Leonidas Iza, presidente de la Conaie que fue arrestado en la madrugada del martes y que fue liberado casi 24 horas después de su detención.
Desde tempranas horas del miércoles se pudo evidenciar que los manifestantes indígenas y de otros sectores sociales se agruparon en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito para continuar con la protesta.
La detención de Iza agitó el avispero
Alrededor de las 00:40 del martes, Leonidas Iza, presidente de la Conaie y líder de las protestas indefinidas en contra de Guillermo Lasso, fue detenido por agentes de la Policía Nacional. El encargado de prensa de la Confederación alertó sobre la detención a través de un video publicado en Facebook.
Al enterarse del arresto, la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama, pidió “radicalizar la lucha a nivel nacional” y responsabilizó al gobierno de Guillermo Lasso por la integridad de Iza.
Durante la mañana del martes, la Fiscalía General del Estado informó que Iza no había sido puesto a órdenes de la Institución y llamaron a evitar detenciones arbitrarias. Mientras que el presidente Lasso había confirmado que la Policía detuvo a los actores intelectuales de lo que calificó como “actos vandálicos prohibidos por la Constitución y las leyes”.
Aunque primero se conoció que a Iza se lo acusó de sabotaje, la jueza Paola Bedón otorgó medidas sustitutivas a Leonidas Iza, quien deberá presentarse los miércoles y viernes ante un juez hasta que se inicie el juicio donde se lo acusa por el delito de paralización de servicio público, en calidad de autor mediato. La jueza Bedón ordenó la liberación inmediata del presidente de la Conaie, que tuvo un fuerte resguardo policial y militar hasta que fue puesto en libertad.
En sus primeras declaraciones luego de su retención, Iza dijo que: “Nadie ha salido a desafiar la Ley. Solo hemos salido porque el hambre y las injusticias han tomado nuestros hogares” y agregó que “nos podrán detener físicamente, pero jamás nuestras ideas”.
La detención del líder indígena ha sido calificada como un mal movimiento político del gobierno de Guillermo Lasso. Algunos sectores han advertido que la estabilidad de Lasso pende de un hilo, considerando que la oposición en la Legislatura está conformada por 100 congresistas que podrían votar a favor de destituir al mandatario que lleva tan solo 13 meses en el poder.
Violencia y represión policial
Durante las protestas la violencia también ha estado presente. En Quito un grupo de manifestantes pintó insultos en un auto de la Policía Nacional y luego lo incendió. También varios militares fueron heridos luego de un enfrentamiento con manifestantes que se tomaron el bloque 15 de la Estación Limoncocha de la petrolera estatal.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, denunció en su cuenta de Twitter que los asistentes a las protestas “incendiaron un patrullero, ingresaron a la fuerza a florícolas, afectaron el derecho a la movilización de miles de ciudadanos y secuestraron a un fiscal”.
PetroOriental S.A. que opera en la Amazonía ecuatoriana emitió un comunicado alertando que están paralizadas las operaciones en 8 pozos petroleros en los bloques 14 y 17 de la provincia de Orellana, por la ocupación de los manifestantes. La empresa estima una pérdida de 1.400 barriles de crudo por día.
Asimismo, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) informó que, producto del cierre de vías, el sector experimenta pérdidas millonarias por cada día que la carga de flores no puede llegar al aeropuerto de Quito. El perjuicio es de al menos USD 2 millones diarios.
Fundamedios, una organización que vela por la libertad de prensa, reportó 13 agresiones en contra de equipos periodísticos que cubrían las protestas. De acuerdo con la ONG, en las dos primeras jornadas de paro hubo nueve periodistas agredidos, junto con dos camarógrafos y dos organizaciones sociales. La mayoría de agresiones se atribuyen a los manifestantes, con nueve casos. Sin embargo, los agentes del Estado han protagonizado tres agresiones; y una agresión es atribuida a actores “desconocidos”.
En Latacunga, a 108 kilómetros al sur de Quito, la policía atacó brutalmente a un equipo periodístico que cubría la detención de Leonidas Iza, que fue trasladado a esa ciudad para su juzgamiento. En un video que registró la agresión se observa cómo al menos cinco policías patean y golpean a un periodista, a quien además le destruyeron sus equipos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, compuesta por 15 organizaciones sociales, elaboró un mapa interactivo que se actualiza diariamente y que recoge los excesos policiales en contra de los manifestantes. Hasta el momento ha registrado 23 alertas que incluyen detenciones de protestantes, agresión a un adulto mayor, a manifestantes, entre otros. También evidencian hostigamiento y excesos de la fuerza pública en al menos seis provincias del país. La mayoría de alertas se produjeron en Quito.
El Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador emitió un comunicado llamando a la paz, “a bajar las tensiones y a buscar los caminos del diálogo”. En la misiva piden al Estado que respeten el derecho constitucional de los manifestantes a protestar, al mismo tiempo que solicitaron a los actores sociales a ejercer ese derecho de manera pacífica.
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