Pablo Ulloa dice PN debe unirse a organizaciones de vecinos para enfrentar inseguridad ciudadana
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Pablo Ulloa dice PN debe unirse a organizaciones de vecinos para enfrentar inseguridad ciudadana

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, explicó que para enfrentar la inseguridad ciudadana la Policía Nacional (PN) debe tener protección y unirse a  las organizaciones de vecinos de cada sector.

Además, sostuvo que se necesita un Código Procesal Penal nuevo para confrontar los desafíos delictivos por lo que está atravesando el país.

A raíz de su preocupación, hace unas semanas el defensor contó que trajo al país al ex-alcalde de Bogotá,  Lucho Garzón, quien compartió su experiencia sobre la gestión de seguridad ciudadana en una ciudad con gran progreso en un contexto de guerrillas y crimen organizado.

Ulloa dijo que con el presidente Luis Abinader “hemos podido entablar una relación sumamente satisfactoria. El Presidente de la República ha entendido que el Defensor puede ser mediador en conflictos sociales”, lo que le ha permitido a la institución ampliar el espectro de trabajo social.

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La información la dio a conocer al ser entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Ulloa dijo que respetó al personal que había en la institución cuando llegó y a lo sumo se han ido cinco o seis personas, aunque han llegado expertos y jóvenes de diferentes universidades están haciendo pasantías.

Ulloa manifestó que el trabajo del Defensor del Pueblo combina la labor de supervisión como sucedió en el Canódromo en abril pasado y en la cárcel de Bellas Colinas, con procesos de mediación como la indexación salarial a los maestros por parte del Ministerio de Educación.

Citó el caso del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) donde con la intervención del Defensor del Pueblo se enfrentó un proceso de cancelaciones masivas sin pago de prestaciones laborales, se logró hacer entender al gobierno que eso fue irregular, sustituyó al administrador, y los nuevos funcionarios reintegraron a 46 empleados y pagaron más de 88 millones de pesos por derechos laborales.

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