Decenas de juristas miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizaron una vigilia al frente del Congreso Nacional, en rechazo de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales, tras entender que el mismo legalizara el cierre y las limitaciones del sistema de justicia e incrementará los niveles vulnerabilidad y deficiencia de estos servicios en perjuicio de la población.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, afirmó que con esa iniciativa legislativa se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia, se legaliza la entrega de pruebas de manera virtual, lo que hace más vulnerable los procesos y violenta los derechos de los usuarios del sistema.
Surun Hernández calificó como sorprendente que el Congreso Nacional esté conociendo un Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional varios aspectos de la justicia virtual, mediante la sentencia TC/0286/21.
El jurista recordó que a través de dicha sentencia el TC estableció que la presencia física de las partes en la audiencia es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Constitución de la República.
“El Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en sus artículos 11, 12, 13, 14 también pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución”, denunció el gremialista.
Los abogados en vigilia indicaron que se aspira, además, eliminar el requerimiento judicial de un expediente físico para cada proceso judicial, con las pruebas originales en los que las partes sustentan sus alegatos, mediante la instauración del supuesto expediente digital, el cual solo constará de documentos escaneados, es decir en fotocopia, lo que abre las puertas a todo tipo de fraudes, mediante la suplantación digital de sellos y firmas, falsificación de documentos escaneados, pues las partes no tendrán que depositar sus originales, y los jueces podrán dictar sentencia en base a esas fotocopias, lo que calificaron como grave.
Audiencias virtuales
Asimismo, señalaron que dicho proyecto consagra el derecho en favor del Poder Judicial de instaurar las audiencias virtuales obligatorias en todas las materias por causa de “fuerza mayor” con lo cual, por cualquier razón, hasta por falta de recursos, se podría imponer el cierre de todos o parte de los tribunales, lo cual constituye una suplantación del poder Constitucional del Congreso Nacional, de declarar Estado de Excepción.
“Nosotros como institución no estamos en contra de la tecnología, de hecho estuvimos de acuerdo en algunos aspectos, pero si las partes por escrito lo aceptan con la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, exceptuando la penal, pero nunca con la imposición de una Justicia virtual, donde para su acceso se requiera tener luz, impresora, computadora e internet, estableciendo límites y desigualdad en los usuarios del sistema de justicia, lo cual es violatorio al artículo 69 de la Constitución que habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y en ese proyecto se violentan”, expresó.
Surun Hernández asimismo denunció que la pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales, con lo que también se viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821.
Consecuencias fatales
“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales sean a discreción de un juez” explicó Surun Hernández.
En ese sentido, precisó que la iniciativa viola los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Procesal Penal, de Trabajo y otros.
El presidente del Colegio de Abogados advirtió que bajo ningún concepto el Card que agrupa a más de 70 mil abogados, aceptará que se establezca el acceso virtual de manera exclusiva, por lo que continuarán la lucha hasta que se cumpla con lo que establece la Carta Magna.
