Muerte de comerciante chino a manos de una empleada trae debate sobre explotación laboral en RD

La muerte del comerciante chino Jhei Leet a manos de la dominicana Francelis María Furcal ha destapado una caja de pandora ante la interrogante de si este homicidio es un caso aislado o en la República Dominicana se presentan más situaciones en los que los derechos de los trabajadores son vulnerados.

Esta situación ha puesto en el debate público la situación laboral en que se encuentran dominicanos contratados por algunos comerciantes y empresarios chinos.

En el programa Nuria Investigación Periodística se presentó un reportaje en el que hablaron las dos caras de la campana, además de las autoridades, sobre si en el país hay explotación laboral por parte de la comunidad china instalada en la República Dominicana.

Hace poco más de una semana, se viralizaron en las redes sociales las imágenes de Furcal cuando mató de una estocada en el abdomen a Jhei Leet, cuando ambos se encontraban trabajando en una ferretería.

Según informes policiales y del Hospital Francisco Moscoso Puello, el hombre de 34 años fue sacado de inmediato pero falleció poco después de llegar a emergencias.

El padre de la homicida, que se encuentra prófuga desde entonces, Francisco Furcal, indicó que si la patada que lanzó el comerciante chino hacia su hija hubiera sido un poco más al costado ella fuera la fallecida.

“Cuando él le dio la patada a ella, que fue una patada mortal, se la agarra en el costado. La muerta habría sido Francelys. No el chino, porque le dio que mira, cuando se dobló así ese golpe me dolió a mí (se da en el pecho), mira que me engranojo, porque se que le dio duro”, indicó Furcal al ser entrevistado en Nuria Investigación Periodística.

De acuerdo a las autoridades policiales, la empleada huyó del lugar tan pronto cometió el hecho.

De acuerdo a versiones de testigos, el altercado se produjo porque el ciudadano de origen chino le habría vociferado improperios a la empleada mientras atendía un cliente.

 Esta situación ha suscitado un debate y denuncias de alegados maltratos físicos y verbales así como  explotaciones laborales por parte de empresarios chinos a dominicanos. Incluso la vocera del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fiordaliza Peguero, dio una voz de alerta sobre la situación.

“Me llamo mucho la atención este caso y decidí tener una estadística personal y quise hablar con diferentes sectores, no solo de esa tienda, sino de otras tiendas de asiáticos, porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que todos son chinos y son asiáticos, pueden ser chinos o pueden ser coreanos y es el mismo escenario en todas esas tiendas. Yo puedo decir que el 85% de esas tiendas cometen abusos”, aseguró Peguero.

Señaló que la ferretería involucrada en el lamentable hecho de sangre no es la excepción y que ha recibido informes de empleados de ese establecimiento donde establecen que son agredidos física y verbalmente y señaló que este es el caso de la joven madre.

“Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano. Cualquier ser humano, su vida es valiosa. Pero el ser humano por tiene un límite. Y lo que yo puedo ver en este caso, que fue la desesperación, que fue acoso, que es abuso, porque es explotación y hay muchos factores que yo entiendo que se deben de tomar en cuenta”, señaló.

La madre de tres niños de 12, 9 y 3 años de edad tenía aproximadamente dos años trabajando como vendedora en la ferretería, devengando un salario de 12 mil pesos y cumpliendo un demandante horario laboral de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, lo que la diputada Peguero calificó como un abuso.

El padre de la homicida detalla que llegaba muy cansada a su casa, ya que se pasaba el día entero trabajando parada.

Estas afirmaciones son negadas por representantes de la comunidad china en República Dominicana, quienes señalan que este hecho se trata de un caso aislado y no representa al conglomerado.

Rosa NG Báez, exrepresentante Oficina Desarrollo Comercial en Beijing dijo que el caso de su paisano es un hecho lamentable, pero no por eso quiere decir que hay tensión y que los chinos tienen miedo de que los ataquen y que se crea una epidemia de xenofobia.

“Y eso porque el pueblo chino, o sea los chinos inmigrantes…aquí la comunidad china siempre ha sido bien acogida y trabajadora y amiga de los dominicanos”, recalcó.

Dijo que la comunidad china destaca que siempre han orientado a sus compatriotas sobre la gestión de sus empresas, incluyendo a sus colaboradores y atribuyen a la situación a una posible condición de salud mental del occiso.

“La directiva de la colonia China trabaja frecuentemente con los grupos a nivel de los clanes familiares. Especialmente hay una situación digamos especial, que yo como un poco analista que soy, es que pudiera ser que ese joven que aparentemente llegó hace poco tiempo al país tuviera una situación síquica especial”.

Según informes, vino al país procedente de Argentina y es sobrino del propietario de la ferretería. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, manifestó que han intensificado las tradicionales inspecciones previstas en el Código de Trabajo para verificar el cumplimiento de la ley, a favor de los trabajadores y levantar actas de infracción en caso de que compruebe faltas.

Durante el primer trimestre de este año 2022, han realizado poco más de 18 mil visitas de inspección y emitido 333 actas de infracción, de acuerdo a datos colgados en la página web de la institución.

Sin embargo, muchos cuestionan el sistema, que entre sus principales retos tiene la discrecionalidad de los inspectores al realizar las supervisiones y que a veces que no se garantiza el anonimato de la parte denunciante, así como la poca eficiencia en la recepción de denuncias.

Fernando Roedán, especialista en derecho laboral, indicó el sistema de inspección laboral tiene mucho margen de mejoras en República Dominicana, aunque entiende que en la mayoría de los casos funcionan.

Desde hace años se han reportado denuncias de maltratos y abusos físicos, verbales e incluso sexuales como ocurrió en 2019 cuando el venezolano Kleiver Yorreni Trejo Vivas se querelló por ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los orientales Ju-Lin, La-lu y Hi-Shi, quienes eran propietario y empleados de una ferretería localizada en Villas Agrícolas, a los que acusó de haberle golpeado con un tubo de metal en la espalda, pecho y vientre en reiteradas ocasiones y por más de dos horas, luego de ellos realizar un inventario y sospechar que él era el responsable de algunas mercancías faltantes.

Pero situaciones como estas no solo involucran a asiáticos y a propietarios de ferreterías sino a comerciantes y empresarios de otras nacionalidades y actividades económicas como las zonas francas y call centers. Empleados han denunciado públicamente maltratos y acosos.

El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la violencia y el acoso en los ambientes de trabajo como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.  Este convenio obliga a los países a abordar la violencia y el acoso laboral y proporcionar orientación y herramientas a los trabajadores y empleadores. En julio de este año, tras reclamos de sindicalistas y gremios, el Ministerio de la Mujer informó que está trabajando para que el Estado dominicano ratifique este acuerdo internacional a pesar de que solo seis países de América Latina lo han ratificado, pero ese convenio es fundamental en la lucha por erradicar la violencia laboral, sobre todo contra las mujeres. De acuerdo a datos del Ministerio de la Mujer, el acoso sexual u hostigamiento en el ámbito laboral dominicano afecta el 21 por ciento de las mujeres.

Mientras  tanto, las dos familias involucradas, tanto la de la víctima como la de la victimaria, están atravesando una difícil situación. Por su parte, la embajada de la República Popular China en el país consideró “apremiante” arrestar a la acusada y “tratar el caso de manera justa y de acuerdo con la ley”.

El equipo de Nuria Investigación Periodística solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Trabajo así como datos estadísticos de las denuncias de maltrato interpuestas el pasado año y aún estamos a la espera.

“Es lamentable que una institución cuyo presupuesto es de más de 3 mil millones de pesos y  más de 190 empleados contratados no pueda brindarnos una sencilla respuesta”, dijo la periodista Nuria Piera en el reportaje.