Costa Rica prohíbe la reelección indefinida de alcaldes tras los casos de corrupción

(EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó este martes una ley que prohíbe la reelección indefinida de alcaldes, luego de que el año pasado salieran a la luz una serie de casos de supuesta corrupción en gobiernos locales.

Con esta ley, aprobada en el Congreso el pasado 29 de marzo, los alcaldes no podrán estar más de dos periodos consecutivos en el poder. Cada periodo es de 4 años.

La Ley, que es una reforma al Código Municipal, establece que “las alcaldesas o los alcaldes podrán ser reelegidos de manera continua por una única vez. No podrán ocupar ningún cargo de elección popular del régimen municipal, hasta tanto no hayan transcurrido dos períodos desde que finalizó su segundo período consecutivo”.

Antes de esta reforma, los alcaldes podían aspirar a la reelección cuantas veces quisieran.

El presidente Carlos Alvarado afirmó que “Costa Rica, la democracia más antigua del continente, marca un hito en la consolidación de las reformas necesarias para nuestra institucionalidad, que permita una sana alternancia de la representación popular, evitando que se enquiste en unos pocos el ejercicio de poder”.

La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, manifestó que la firma de esta ley es “un paso fundamental en la vía de la transparencia y la rendición de cuentas”.

“Nuestro país requiere de un sano recambio en las autoridades municipales, una debida rendición de cuentas por parte de las autoridades que se encuentran en el territorio, con el fin de ser garantes de la prestación de los servicios que la ciudadanía demanda y de un sano ejercicio de control político”, declaró.

En noviembre pasado salieron a la luz una serie de supuestos actos de corrupción en la contratación de obra pública por parte de seis alcaldes, incluido el de la capital San José, Johnny Araya.

Los seis fueron arrestados temporalmente, sus casas y alcaldías allanadas y fueron suspendidos de sus cargos mientras avanza la investigación.

El “Caso Diamante”, bautizado así por las autoridades judiciales, se refiere al presunto pago de dádivas y sobornos por parte de las empresas constructoras MECO y Explotec, a cambio de favores en la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas en los municipios de San José (centro), Alajuela (centro), Cartago (centro), Escazú (centro), Osa (sur), Golfito (sur), San Carlos (norte) y Siquirres (Caribe).

A partir de este caso, los diputados impulsaron la reforma a la ley para limitar la reelección de los alcaldes, pues algunos de los involucrados han ejercido el cargo por varios periodos consecutivos.