Imponen nueve años de prisión al gerente del diario La Prensa de Nicaragua

El gerente del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue condenado este jueves a nueve años de prisión, tras haber sido declarado culpable días atrás del supuesto delito de lavado de dinero, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El veredicto en contra de Holmann, detenido desde hace siete meses, fue dictado por la jueza Nadia Tardencilla que es quien estaba a cargo del caso. Además de la condena, la judicial ordenó una multa equivalente a “tres veces el dinero que supuestamente lavó”, informó el periódico La Prensa.

La justicia de Nicaragua es señalada de estar controlada por el gobierno del sandinista de Daniel Ortega, quien retornó al poder desde el año 2007 y quien se mantiene en el cargo desde entonces.

La Prensa es uno de los diarios más críticos del gobierno y uno de los más antiguos con casi 100 años de existencia. De hecho era el último periódico impreso que quedaba en pie en Managua, tras el cierre de otras empresas de comunicación que se encontraban bajo presiones económicas y logísticas.

Desde que se abrió el proceso en contra de Holmann el edificio permanece tomado por la Policía Nacional, al igual que ha ocurrido con otros medios de comunicación como 100%Noticias y Confidencial.

Tras la detención de Lorenzo, el periódico ha quedado únicamente en su edición digital y el medio de comunicación ha hecho recortes en su personal, y quienes quedan se encuentran bajo el anonimato en Managua, sin firmar los artículos por razones de seguridad.

En entrevista anterior con la Voz de América, un reportero de temas políticos en La Prensa dijo bajo anonimato que el fallo judicial previsible vuelve a crear incertidumbre entre los colaboradores.

“A varios periodistas tras el allanamiento del periódico les cambiaron el tipo de contrato, y hoy por hoy, están por servicios profesionales porque legalmente La Prensa no existe”, dijo.

Nicaragua vive una de sus peores crisis políticas en los últimos 30 años, que inicio justo en abril de 2018.

En 2021, el mandatario orientó el arresto de unas 50 personas, incluidos siete precandidatos presidenciales, quedando sin una competencia legítima.

Los juicios en contra de los opositores iniciaron hace dos meses y Estados Unidos, así como otros países democráticos los han tildado como “una burla al debido proceso”.

Organizaciones de derechos humanos señalan que “en Nicaragua hay una dictadura brutal que reprime de forma sistemática a la población”, y que se intensificó a raíz de dichas protestas.

Ortega por su parte rechaza los señalamientos de la comunidad internacional y ha acusado en reiteradas ocasiones la existencia de reos políticos.

“Los derechos humanos son constantemente abusados y cualquiera que se atreva a ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación, el disenso, a criticar a la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es perseguido y algunas personas han sido sentenciadas injustamente”, indicó a la VOA, Juan Pappier, investigador sénior de la división para las Américas de Human Rights Watch.

La SIP condena acción “disparatada” del gobierno de Ortega

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como una acción “disparata del régimen Ortega-Murillo” la condena a 9 años de prisión contra el Holmann Chamorro.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, emitieron una declaración este viernes para condenar las acciones de las autoridades nicaragüenses, que ven como una provocación a la comunidad internacional, con la acción de un gobierno que “viola todos los principios del debido proceso”.

La SIP invitó a familiares de los presos políticos a participar de su próxima reunión semestral, a realizarse entre el 19 y el 21 de abril, en la que repasará la situación de libertad de prensa en todos los países de las Américas.

El barómetro de la SIP, Índice Chapultepec, ubica a Nicaragua junto a Cuba y Venezuela en la lista de países del continente donde existe una total falta de garantías para el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la información.

Fuente: VOA