Un grupo de trabajadoras domésticas latinas de Nueva York reclamó este miércoles a la gobernadora Kathy Hochul que el nuevo presupuesto estatal incluya cobertura médica para indocumentados, un colectivo en el que se encuentran muchas de ellas, que aún están sufriendo especialmente por el impacto de la pandemia.
Según un estudio que presentaron durante una protesta frente a la oficina de Hochul, en la que portaban pancartas que decían “el cuidado de salud es un derecho humano” o “demandamos cobertura para todos”, la mitad de estas trabajadoras no cuentan con cobertura médica y un 54 por ciento se contagió de covid-19 durante el primer año de la pandemia.
La comunidad inmigrante ha redoblado los esfuerzos para que sus reclamos de cobertura médica, de un programa permanente de desempleo y una asignación de 3.000 millones de dólares para el Fondo de Trabajadores Excluidos se incluyan en el presupuesto ahora que culminan las negociaciones entre la legislatura estatal y la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.
Hochul no incluyó ninguno de esos reclamos de los trabajadores esenciales en la propuesta de presupuesto que envió a la legislatura. Y aunque el Senado y la Asamblea incluyeron en su versión la parte de la cobertura médica (el Plan Esencial) para los indocumentados, tampoco ese acuerdo se ha cerrado, a sólo horas para que esté listo.
Las trabajadoras domésticas que hoy se manifestaron iban equipadas de guantes amarillos de limpieza, y colocaron unas bolsas plásticas que simulaban contener cadáveres sobre las cuales había flores y el nombre de un compañero de oficio muerto por covid y sin seguro médico, por los que guardaron un minuto de silencio.
Las trabajadoras dieron a conocer los resultados del estudio, realizado por el hospital Monte Sinaí y la Universidad pública de la ciudad de Nueva York (CUNY), a petición de la organización comunitaria Se Hace Camino, que muestran además que muchos trabajadores de limpieza son la principal fuente de ingresos para sus familias y que el 82 % reportó haber sufrido una reducción en sus horas de trabajo, ya fuera por miedo a contagiar a sus familias o el de sus clientes a una infección por el virus.
También que un 41 % reportó ingresos de 500 dólares por su trabajo de limpieza u combinado con otras fuentes, lo que no les permite pagar una cobertura médica privada.
La inmigrante Gabina Santamarina habló sobre la situación en que realizan su trabajo, que les expone “a condiciones peligrosas” por el tipo de productos que sus clientes les obligan a usar para desinfectar sus hogares.
“Eso impacta mi salud y no tengo cobertura médica ni reúno los requisitos por mi estatus migratorio. Durante la pandemia me enfermé y me rechazaron porque no tengo un seguro médico y no podía pagar el costo por adelantado, ni siquiera recibir servicios de emergencia”, dijo la inmigrante al reclamar a Hochul apoyo para el proyecto que les daría acceso al Plan Esencial.
La inmigrante no pudo contener el llanto al mirar las bolsas que simulaban tener cadáveres porque le recordaron “cuando a mis vecinos les llevaban muertos” de sus hogares por la covid. Muchos inmigrantes temen ir a hospitales por su estatus legal, aunque durante la crisis de salud se reforzó el mensaje de que acudieran sin miedo a ser detenidos.
“Gobernadora Hochul , ¿usted cree que eso es justo?”, gritó la mujer, que dijo ser una sobreviviente de la covid. “Pude luchar, pero ellos no”, afirmó.
EFE
